La ONU ha instado al Gobierno a adoptar «todas las medidas necesarias» en relación con las «leyes de la concordia» impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana para garantizar «la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos». En un escrito recuerda que todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos», y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.
Lo expone en una comunicación conjunta del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Fabian Salvioli), el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (su presidenta Aua Baldé) y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (Morris Tidball-Binz).
La ONU insiste en que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, advierte la comunicación de la ONU. Este informe responde a la iniciativa del Gobierno central de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.
El Ejecutivo anunció en abril su intención de recurrir a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, y al Consejo de Europa estas iniciativas. Tras el «contundente» informe de la ONU el Gobierno pedirá a las tres comunidades autónomas la revisión urgente de estas iniciativas, según fuentes del Ejecutivo. Considera que el hecho de que varios relatores y un grupo de trabajo firmen una comunicación conjunta pone de manifiesto «la gravedad de las infracciones constatadas».
La comunicación de la ONU incide en que las leyes podrían transgredir la obligación de España, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.
Para la ONU pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas, al ordenar la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia.
Además, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y omiten nombrar o condenar dicho régimen, señala. La ONU expone la obligación del Estado español en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria colectiva «relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en período de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural».
«Dicha obligación incluye el deber de adoptar procesos de memorialización que permitan reconocer, recordar, preservar y transmitir la información sobre las violaciones sufridas, en respeto pleno a la dignidad de las víctimas y en consulta efectiva con ellas», añade.
Recuerda las obligaciones internacionales suscritas por España en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entre otros tratados.
En este sentido, Naciones Unidas señala el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad sobre la perpetración de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la obligación del Estado de adoptar medidas adecuadas para recordar esas violaciones, para preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones y la posibilidad de consultarlos, y facilitar el conocimiento sobre tales violaciones.
El escrito concluye instando información de parte de los poderes y entidades públicos pertinentes sobre cómo las leyes de concordia de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son compatibles con las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos y de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos, así como del derecho a la verdad.
