El 4 de junio de 2024, Ana Redondo, ministra de Igualdad, presidió el Pleno del Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual, un órgano dedicado a la participación, información y asesoramiento en esta lucha, adscrito al Ministerio de Igualdad. Durante la reunión, se abordó el anteproyecto de ley integral contra la trata, una iniciativa crucial en la protección de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual.
El Foro Social contra la Trata tiene como objetivo asegurar una cooperación constante entre instituciones y organizaciones implicadas en la lucha contra la trata, garantizando una respuesta multidisciplinar y centrada en la víctima. Este enfoque integral busca no solo la prevención y persecución del delito, sino también la recuperación y protección de las víctimas.
El pleno reciente es el tercero del año 2024. El primero se celebró el 18 de enero en una convocatoria ordinaria, seguido por una sesión extraordinaria el 19 de marzo. Estas reuniones reflejan el compromiso continuo y la urgencia con la que el Ministerio de Igualdad y otras entidades abordan esta problemática.
Foro Social contra la Trata
Creado en 2009 en el marco del Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2009-2012, el Foro Social contra la Trata está compuesto por administraciones públicas estatales, representantes de Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y organizaciones especializadas en la atención a víctimas de trata.
La lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ha tomado una dimensión significativa en los últimos años, convirtiéndose en una prioridad de las políticas públicas. Estas políticas se caracterizan por su enfoque multidisciplinar, involucrando a múltiples agentes tanto del sector público como privado. Esta colaboración es esencial debido a la complejidad de los casos de trata, que requieren intervenciones desde diversas perspectivas, incluyendo la prevención, persecución del delito y la garantía de recuperación y protección de las víctimas.
La estructura descentralizada del Estado español hace indispensable la articulación de mecanismos de cooperación entre las diferentes administraciones con competencias a nivel territorial. Este esfuerzo coordinado asegura que las políticas y acciones contra la trata sean efectivas y coherentes en todo el territorio nacional.
