El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha defendido la necesidad de un sistema de financiación autonómica igualitario y centrado en los ciudadanos, frente a lo que describe como un modelo “a la carta” que el Gobierno pretende aplicar para Cataluña. Según Bravo, esta propuesta responde a la necesidad del presidente Pedro Sánchez de asegurar los votos de Junts y ERC para mantenerse en el poder.
Bravo subraya que «Sánchez dijo que no habría indulto, los separatistas que sí y lo hubo; dijo que no habría amnistía, los separatistas que sí y la hubo. Montero dice que no habrá cupo y los independentistas que sí. Saquen ustedes sus propias conclusiones…». Con estas palabras, el dirigente popular cuestiona la coherencia del Gobierno en su trato con los separatistas.
Recordando que el actual sistema de financiación, establecido en 2009, fue aprobado por el PSOE en colaboración con el tripartito catalán, Bravo destaca la paradoja de que los mismos que ahora critican el sistema son quienes lo implementaron. También reprocha a la vicepresidenta Montero, quien como consejera en Andalucía exigía un nuevo modelo de financiación y reclamaba 16.000 millones de euros adicionales, que en seis años de gobierno no se haya avanzado en este ámbito.
Bravo critica además a Montero por abogar ahora por la bilateralidad y la condonación de la deuda de Cataluña, cuando anteriormente defendía la multilateralidad. En contraposición, el Partido Popular apuesta por un sistema de financiación autonómica que se centre en los ciudadanos, prime la multilateralidad y tenga en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento de la población.
El dirigente popular censura la “debilidad” del Ejecutivo, acusándolo de preocuparse únicamente por «salvar la figura de Pedro Sánchez». Bravo ejemplifica esta debilidad con los recientes casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente.
Además, critica que el Gobierno consulte a los partidos independentistas sobre su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2025. «Si dicen que no, no habrá presupuesto y, si dicen que sí, lo habrá para todos los españoles», lamenta Bravo, acusando al Ejecutivo de no asumir sus responsabilidades en esta materia, en referencia a la renuncia de Sánchez a tener las cuentas de 2024.
Finalmente, Bravo acusa al Gobierno de Sánchez de erosionar las instituciones para proteger al presidente. «Si al jefe del Ejecutivo no le gusta el Senado, le quita competencias; si los medios dan información que no le parece apropiada, plantea sancionarlos; y, si los juzgados investigan aquello que no cree oportuno, se dedica a desprestigiarlos».
