El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes 23 de enero su Plan de Calidad Institucional en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, donde se promulgó la Constitución liberal de 1812. Se trata de un conjunto de medidas que Feijóo promete aplicar durante los 100 primeros días de su legislatura, en el caso de convertirse en el siguiente presidente del Gobierno de España.
El PP considera que España vive una honda crisis institucional cuya mayor gravedad surge por el hecho de que el independentismo segregador y el populismo condicionan sin rubor la gobernabilidad de la Nación e imponen su criterio en decisiones clave para el futuro colectivo. Fruto de ello, los populares consideran que en España se da desde hace años «un asedio continuado a las instituciones que fundó la Constitución de 1978», al que se añade «la expansión desordenada e insaciable del Poder Ejecutivo en la presente legislatura, que amenaza con anular la separación de poderes y reducir a la mínima expresión el sistema de contrapesos institucionales».
Ante esta situación, el PP considera que defender un programa de regeneración democrática para el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial es una tarea colectiva e inaplazable para la que apela al resto de fuerzas políticas y a la sociedad civil. El Plan de Calidad Institucional recoge las siguientes medidas:
- La recuperación del delito de sedición en el Código Penal, dejando sin efecto la reforma del delito de malversación. El referéndum catalán volverá a ser considerado como delito.
- La aprobación de una reforma urgente de la Ley de «Solo sí es sí», para recuperar las penas anteriores para los agresores sexuales.
- La propuesta de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada.
- La creación de una Oficina de calidad legislativa, para asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación. Estará facultada para el seguimiento y evaluación ex post de las leyes, en el que se analizará el cumplimiento sus fines y su impacto social.
- La limitación del recurso al Real Decreto Ley. Se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata.
- La inclusión en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que cada nueva normativa genere a los ciudadanos, más allá de su impacto presupuestario.
- Una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno.
- El establecimiento de un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones. Incluirá cuestiones como la celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista, o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
- El establecimiento por ley de pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios, altos cargos y asesores.
- Se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, como los vehículos.
- La apertura de un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.
- La realización de una evaluación del sector público que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder plantear una reordenación de la Administración Pública.
- La prohibición de que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes quienes hayan ocupado puestos políticos de representación, hayan sido nombrados miembros del Gobierno estatal o Autonómicos o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.
- La modificación de la Ley de Organización del CIS, incluyendo la figura de un Presidente nombrado entre catedráticos y profesionales de prestigio.
- Las encuestas de voto y valoración política del CIS volverán a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas y cuestionarios establecidos. Se recuperará la profesionalidad y transparencia de los datos, bajo la exclusiva prioridad de informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales.
- Se prohibirá que el director del CNI haya ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento. Cada candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales o inteligencia.
- La promoción de decisiones para recuperar la aplicación de los principios de independencia, libertad de expresión y respeto del trabajo profesional en RTVE y la Agencia Efe.
- La regulación de los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional y la aprobación de cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados.
- El establecimiento de un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado, cuyo mandato será de 5 años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad. Así, se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto.
- La derogación de la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga. Igualmente, se establecerá un nuevo modelo de nombramiento de sus vocales, por el cual los 12 vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados; mientras que los 8 vocales del turno de juristas de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado deberán acumular más de 15 años en el ejercicio de su profesión.
