El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en su compromiso por fortalecer la economía social y garantizar la igualdad en el ámbito empresarial mediante la aprobación de dos normativas que surgen del diálogo con los agentes sociales. Estas iniciativas buscan no solo impulsar un sector clave de la economía, sino también erradicar la discriminación de las personas LGTBI en el entorno laboral.
Fomento de la Economía Social
Uno de los principales pilares de esta medida es el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que moderniza las regulaciones que rigen este sector, reconocido como fundamental para la acción económica y social del Gobierno de España. Así lo ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
Díaz ha recordado que la economía social cuenta actualmente con una Secretaría de Estado propia, una Estrategia nacional y un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) con una inversión de más de 1.700 millones de euros. Además, el Ejecutivo ha reactivado el Consejo de la Economía Social, impulsando su visibilidad en el ámbito de la Unión Europea y en Naciones Unidas, donde se ha promovido la primera resolución sobre esta temática.
En España, el sector de la economía social engloba más de 43.000 empresas, empleando a más de 2,5 millones de personas y representando más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB). Según la ministra, «esta es una economía solidaria y democrática», que se basa en la deliberación y la toma de decisiones colectivas, cumpliendo así con el mandato constitucional en su artículo 129.
Relevancia Social y Económica
Yolanda Díaz ha enfatizado la importancia de las cooperativas, las empresas de inserción y otros modelos de economía social en la promoción del trabajo femenino y el cuidado del medio ambiente. Estos modelos desempeñan un papel crucial en diversos sectores como la agricultura, la pesca, la educación, la vivienda y la cultura.
El conjunto de estas iniciativas refleja el compromiso del Gobierno español por crear un entorno laboral más inclusivo y justo, alineando sus políticas económicas con los principios de solidaridad, democracia e igualdad.
