El Gobierno refuerza la regulación del alquiler de corta duración y lanza una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven
En su reunión del 15 de octubre de 2024, el Consejo de Ministros ha aprobado dos importantes medidas que tienen como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado la regulación de los alquileres de corta duración, con la creación de una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, y la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que proporcionará una ayuda de 250 euros mensuales a jóvenes durante dos años.
La regulación del alquiler vacacional es un paso clave para frenar el auge de los alquileres turísticos ilegales. Según ha explicado Rodríguez, la normativa exigirá a los arrendadores obtener un número de registro único para poder comercializar sus propiedades en plataformas digitales. «Sin este registro, no podrán operar legalmente», ha subrayado la ministra. Este sistema se conectará con la ventanilla única europea, prevista para 2026, y estará apoyado por el Registro de la Propiedad para garantizar el cumplimiento de las normativas autonómicas y municipales.
Con esta regulación, el Gobierno busca combatir el fraude en el sector y proteger tanto a los inquilinos que necesitan viviendas de temporada como a quienes buscan acceso a una vivienda permanente. La ministra ha dejado claro que esta normativa es solo una de las muchas acciones que el Ejecutivo está implementando para resolver la crisis de vivienda en España, en la que se han invertido ya 20.400 millones de euros.
Además, se ha aprobado la tercera edición del Bono Alquiler Joven, con un presupuesto de 200 millones de euros, acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. Este bono ofrecerá a los jóvenes una ayuda de 250 euros al mes para el alquiler durante dos años, con el objetivo de facilitar su emancipación. La ministra también ha instado a las comunidades autónomas a agilizar la tramitación de estas ayudas, señalando que algunas regiones han tardado hasta un año en resolverlas, mientras otras lo han hecho en tres meses.
