La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en Valencia que ha resultado en la detención de tres individuos, dos hombres de 30 y 35 años, y una mujer de 30 años, acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la extorsión y el blanqueo de capitales. Esta red se especializaba en captar a personas vulnerables, a las que sometía a condiciones de vida precarias y a quienes despojaba de su documentación para obtener beneficios económicos a su costa.
Los detenidos operaban principalmente en las comarcas de L’Horta y La Ribera, donde localizaban a personas que recibían ayudas o pensiones y, mediante amenazas y violencia, les quitaban sus documentos. Las víctimas eran forzadas a firmar autorizaciones que permitían a los miembros de la organización acceder a sus cuentas bancarias y a sus viviendas. Este control les permitió adquirir hasta once vehículos de alta gama y diversos inmuebles en localidades como Valencia, Torrent y Chiva, que posteriormente alquilaban para obtener ingresos ilícitos.
La investigación comenzó tras el desalojo de unas viviendas ocupadas en Monserrat, donde los agentes encontraron a varias personas vulnerables viviendo en condiciones deplorables. Tras recibir declaraciones de las víctimas, la Guardia Civil inició una investigación que culminó con la liberación de siete personas retenidas en dos «granjas humanas» en Torrent.
La operación se llevó a cabo por agentes de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Reserva y Seguridad, quienes, con el apoyo de un perro del Servicio Cinológico, realizaron dos registros en Torrent. Durante las operaciones, se encontró una gran cantidad de documentación relacionada con las víctimas y un arma de fuego, que se presume fue utilizada para coaccionarlas y mantenerlas en condiciones de servidumbre.
Las siete personas rescatadas fueron trasladadas a los servicios sociales del Ayuntamiento de Torrent, donde recibieron asistencia médica y social. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent, donde se tramitan las acusaciones contra los detenidos.
Este caso resalta la importancia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la explotación de personas vulnerables y el crimen organizado, poniendo de relieve la necesidad de fortalecer la protección de aquellos en situaciones de riesgo.
