El Consejo de Ministros, en su reunión del 22 de octubre de 2024, ha dado luz verde a un nuevo real decreto-ley que redefine el procedimiento para la renovación del Consejo de Administración de RTVE, con el objetivo de superar la interinidad que ha marcado su funcionamiento en los últimos años.
Según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la medida busca fortalecer el pluralismo, asegurar la estabilidad de la corporación y garantizar la profesionalidad de sus consejeros. El ministro recordó que, en los últimos cuatro años, RTVE ha tenido un administrador único y tres presidentes, mientras que seis de los diez miembros de su Consejo de Administración tenían sus mandatos caducados. “Esta inestabilidad no es deseable en ninguna empresa, pública o privada”, subrayó López.
Entre las claves del nuevo decreto destaca la ampliación del Consejo de Administración a quince miembros, de los cuales once serán elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, siempre por mayoría de dos tercios. Si no se alcanza este consenso, se recurrirá a una fórmula de desbloqueo que permitirá elegir a los consejeros por mayoría absoluta. Esta medida, según López, permitirá que el próximo Consejo sea «el más plural de la historia» de RTVE.
Otro de los puntos fuertes del decreto es la mejora de la estabilidad institucional. Los consejeros tendrán un mandato de seis años, sin renovaciones parciales, y podrán ser reelegidos solo una vez. Asimismo, se restablece la dedicación exclusiva de los consejeros, que estarán sujetos a un régimen de incompatibilidades tanto de la Administración General del Estado como de la legislación mercantil. Esto garantizará que los consejeros no podrán ser parlamentarios.
El plazo para la elección de los nuevos miembros del Consejo comenzará en 15 días naturales desde la entrada en vigor del decreto, con un periodo total de 30 días para completar el proceso.
Finalmente, Óscar López ha señalado que la aprobación del real decreto-ley forma parte del esfuerzo del Gobierno para garantizar el buen funcionamiento de RTVE, destacando su papel esencial como servicio público y su importancia en la difusión de los valores constitucionales, la cultura y la lengua en España.
