El Ministerio de Consumo investiga a gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha puesto en marcha una investigación para analizar posibles prácticas engañosas en el sector de los pisos turísticos. Esta acción, coordinada por la Dirección General de Consumo, tiene como objetivo supervisar a empresas que gestionan cientos de alojamientos turísticos en diversas Comunidades Autónomas y que podrían estar vulnerando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La ley define como prácticas engañosas aquellas conductas que presentan información falsa o que inducen a error, alterando el comportamiento económico de los consumidores. Según su Artículo 27, esto incluye prácticas como fingir ser consumidores cuando en realidad se actúa en un marco empresarial o presentar información de manera fraudulenta.
Esta investigación se produce tras las acciones previas iniciadas por Consumo en junio, cuando se analizaron los anuncios de plataformas de alquiler turístico que no contaban con licencia, lo que también constituye una infracción legal. En esta ocasión, el foco está puesto en las operaciones de pisos turísticos que, a pesar de contar con licencias, podrían estar gestionándose de forma irregular por intermediarios que operan en diferentes puntos de España.
Crisis de la vivienda y otras investigaciones
En paralelo, el ministerio lleva a cabo otras iniciativas relacionadas con la crisis habitacional que atraviesa España. En octubre, comenzó una investigación sobre agencias inmobiliarias que presuntamente habrían incurrido en prácticas abusivas contra los inquilinos, como cobrar comisiones indebidas, imponer contratos temporales sin justificación o incluir cláusulas ilegales en los contratos de alquiler.
El ministro Pablo Bustinduy ha sido enfático en señalar que la crisis de la vivienda es uno de los principales problemas del país. “Hay miles de familias al borde de perder sus hogares debido a la especulación inmobiliaria, mientras unos pocos se enriquecen con prácticas que expulsan a las personas de sus viviendas”, afirmó en una reciente declaración pública. Bustinduy ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para tomar medidas urgentes y abordar este problema desde todos los frentes posibles.
El objetivo: frenar la especulación inmobiliaria
Estas investigaciones forman parte de un plan más amplio para frenar la especulación en el sector de la vivienda y garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados. Desde el ministerio se busca promover la transparencia en el mercado inmobiliario y eliminar cualquier práctica que perjudique a los ciudadanos, especialmente en un momento donde el acceso a la vivienda asequible es un desafío para muchas familias.
El resultado de estas investigaciones podría sentar un precedente importante en la regulación del sector turístico y el mercado de alquileres, marcando un nuevo paso hacia la protección de los derechos de los consumidores en España
