El Consejo de Ministros prorroga las principales medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania
El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas aplicables en la segunda mitad del año para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que se trata del séptimo paquete de iniciativas con esta finalidad y ha sostenido que estas actuaciones «están siendo muy eficaces para bajar la inflación y apoyar a las familias y las empresas en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo».
Calviño ha resaltado que España es la gran economía europea que más crece, a un ritmo cuatro veces superior a la media, gracias en buena medida a la fortaleza de la creación de empleo, las inversiones financiadas con los fondos europeos y las exportaciones. Además, ha calificado de «responsable» la política fiscal del Ejecutivo, que ha permitido cumplir «holgadamente» los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública.
Ante la evolución de la guerra, el Gobierno ha prorrogado hoy las principales medidas de apoyo a los colectivos y los sectores más afectados por el alza de los precios y, además, ha traspuesto diversas directivas europeas y ha adoptado iniciativas adicionales para desplegar proyectos estratégicos y programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Nos permitirá transitar con tranquilidad y confianza por el segundo semestre del año en un contexto de incertidumbre, pero naturalmente con la esperanza de que termine cuanto antes esta guerra», ha afirmado la vicepresidenta.
Prórroga de medidas de apoyo y protección de los más vulnerables
Entre las actuaciones que se amplían hasta el 31 de diciembre, figuran la bonificación del abono de transporte público para aliviar las finanzas de las familias, los estudiantes y los trabajadores autónomos y fomentar el transporte sostenible; la eliminación del IVA para la cesta de productos básicos y la bajada al 5% para aceites y pastas alimenticias; y las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales y agricultores y ganaderos (la bonificación será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de 5 céntimos por litro en el último trimestre del año).
Además, se incorporan ayudas directas para aquellos profesionales del transporte por carretera que no están sujetos al gasóleo profesional y, por tanto, no se benefician de esa bonificación, así como para los servicios de transporte marítimo de interés público.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que también se prorrogan varias de las medidas en materia energética «que han sido muy eficaces para rebajar la factura eléctrica» y se mantiene la limitación del precio máximo de venta de la bombona de butano.
Igualmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de Seguridad Social y en los ámbitos laboral e hipotecario.
Este conjunto de actuaciones movilizará 3.800 millones de euros adicionales, según ha apuntado Nadia Calviño. «Estamos hablando de unas ayudas totales, entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra», ha explicado la vicepresidenta.
Junto a estas medidas con impacto fiscal, se refuerza la protección de colectivos vulnerables, ampliando la suspensión de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de despidos por causa del alza de los precios de la energía en empresas que reciban ayudas públicas. Además, se adopta el «derecho al olvido oncológico» de las personas que han padecido un cáncer en la contratación de cualquier producto, financiero o no, transcurridos cinco años desde la superación de la enfermedad sin recaída posterior.
Trasposición de directivas y regulación de las licencias de VTC
Un segundo grupo de medidas aprobadas hoy traspone directivas ya vencidas o adapta el marco normativo español a sentencias comunitarias.
El objetivo, según ha detallado Calviño, es incorporar las directivas sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras.
Además, el Ejecutivo ha adaptado el régimen jurídico de los servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC, a la jurisprudencia europea de este mismo año. La vicepresidenta primera ha señalado que las principales novedades, que se han trabajado con el sector, consisten en exigir que el titular de la autorización para VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un período superior a tres meses; aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2; apostar por la declaración del taxi como servicio de interés público, con requisitos de calidad también más exigentes; y otorgar nuevas herramientas a comunidades autónomas y entidades locales para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajeros atendiendo a consideraciones de buen funcionamiento, gestión del tráfico y medioambientales.
Avales para la compra de la primera vivienda e incentivos fiscales
Un tercer apartado engloba iniciativas urgentes para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas financiados con los fondos europeos ‘Next Generation’.
Entre ellas, la puesta en marcha de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los jóvenes menores de 35 años y las familias con menores a su cargo a pagar la entrada de su primera vivienda; medidas para facilitar las inversiones del proyecto estratégico relacionado con los semiconductores y los microprocesadores; la modificación de la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dando certidumbre a las empresas sobre cómo acreditar el cumplimiento de los plazos de pago y, por tanto, cómo acceder a los programas de ayuda y contratos públicos; y medidas para estabilizar el empleo público y retrasar la obligación de cotización para los contratos en prácticas.
Nadia Calviño ha indicado que se prevén dos nuevas deducciones, del 15%, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. El máximo de la deducción que se podrá aplicar desde el momento de la adquisición del vehículo será de 20.000 euros. «Se trata de consolidar las inversiones en marcha en nuestro país para la modernización de la industria automovilística, dentro del conocido como PERTE VEC, para que España se sitúa la vanguardia del despliegue en Europa del vehículo eléctrico y conectado», ha manifestado.
En el ámbito del Impuesto de Sociedades se incorpora un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, y se simplifica la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga de hasta 3 megavatios, frente a los 250 kilovatios actuales.
Además, se introduce la figura de las comunidades de energías renovables y se extiende seis meses el plazo para que los proyectos de energías renovables en tramitación obtengan la autorización de construcción.
Transformación energética
El Consejo de Ministros ha abordado la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, que desarrolla la política de transformación energética y cumple con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que de esta forma se inicia el proceso de consulta pública del PNIEC, con el objetivo de que esté finalizado en junio de 2024. Rodríguez ha subrayado la importancia de esta iniciativa para atraer inversiones y despejar incertidumbres, así como los beneficios sociales que supone, desde la renovación de las viviendas y la apuesta por el autoconsumo hasta las nuevas oportunidades de empleo y formación.
Inversiones en ciencia e infraestructuras
El Ejecutivo ha aprobado dos nuevas convocatorias del programa TransMisiones, que agrupa a empresas y organismos de investigación para coordinar las capacidades científicas del país y responder a retos cotidianos de la sociedad. Los organismos implicados son el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación, con 70 y 60 millones de euros de ayudas, respectivamente. El plazo de solicitudes estará abierto del 3 al 28 de julio.
La portavoz del Gobierno ha expuesto que las prioridades de estas investigaciones están relacionadas con las bases de la transformación económica. En concreto, se trata de la apuesta por nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial; la seguridad de la información y la ciberseguridad; la transición energética; el desarrollo de un sector agroalimentario y ganadero avanzado y sostenible; la gestión avanzada de los recursos hídricos, y la tecnología para la prevención y la lucha contra los incendios forestales.
También en el capítulo de inversiones, el Consejo de Ministros ha destinado 293 millones de euros a la conservación de más de 2.000 kilómetros de carreteras. La meta, según ha afirmado la ministra de Política Territorial, es reducir las emisiones y garantizar unas condiciones óptimas de circulación, con viabilidad y seguridad.
Compromiso con los derechos LGTBI
Con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio, el Gobierno ha reiterado en una declaración institucional su compromiso con los derechos del colectivo LGTBI y con la erradicación de cualquier forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.
«El Orgullo LGTBI es también el orgullo de un país, España, de una sociedad inclusiva y respetuosa que valora la diferencia como base de nuestra riqueza», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo.
