La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como responsables de varios delitos vinculados con la comercialización irregular de conservas de atún desde una empresa con sede en La Rioja.
Durante la investigación en la que ha colaborado Europol y el Arma de Carabinieri italiana se han incautado unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite. La mayor parte de los botes intervenidos estaban destinados a abastecer a pequeños comercios y grandes cadenas de alimentación de España e Italia de manera inminente, principalmente durante las fiestas navideñas.
En el registro efectuado en una de las sedes de la empresa, los agentes hallaron una zona clandestina de trabajo carente de las mínimas medidas de higiene, dos recipientes de grandes dimensiones con agua caliente, conteniendo en su interior numerosos tarros de atún devueltos por los compradores.
En este lugar y sin condiciones de salubridad para la manipulación de alimentos se retiraban las etiquetas de los botes para su posterior reintroducción en el mercado con una nueva etiqueta, registro sanitario y fecha de caducidad, con el consiguiente perjuicio para la salud pública y el consumidor final. Además, se pudo observar que en parte de estos botes manipulados se había introducido el agua del recipiente, presentando sus tapas marcas de óxido.
Otra de las sedes disponía de una tienda para la venta directa al público de sus productos, hallándose en la misma conserva de atún etiquetado únicamente en italiano, hecho que va en contra de la normativa vigente, ya que todo producto que se comercialice en España debe expresarse, al menos, en español.
Varios años de fraude alimentario
La investigación estima que la actividad de este entramado criminal alcanza varios años, utilizando para ello materias primas de precio y calidad notablemente inferior al indicado su etiquetado, consiguiendo con ello rebajar los costes de producción y aumentar de manera exponencial sus ganancias en perjuicio de los consumidores, perjudicando gravemente al resto de empresas del sector que operan dentro de la legalidad.
Operación “Matsu”
Se inició a finales de agosto del presente año tras una denuncia inicial, en la que se deducían las diversas irregularidades que estaría llevando a cabo una empresa afincada en La Rioja Baja, dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, principalmente conservas vegetales y de pescado para su distribución en España y otros países extranjeros, especialmente Italia.
Durante la investigación se llevaron un total de 40 análisis sobre las conservas de atún puestas a la venta por la empresa en España e Italia, certificando el Centro de Investigación y Control de la Calidad -CICC- y otros dos laboratorios independientes que 33 de las 40 muestras analizadas que se etiquetaban como «aceite de oliva», su contenido era aceite de girasol o de orujo. En otra de las muestras el atún resultó ser de una calidad inferior a la descrita.
Una vez recopilados todos los indicios de criminalidad se solicitó a la autoridad judicial los correspondientes mandamientos de entrada y registro en las sedes de la empresa y en un domicilio.
Se incautó y precintó un total de 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite, a la toma de muestras de conservas, de piezas de atún, de aceites y de agua para su análisis, también discos duros, telefonía móvil, un servidor y abundante documentación para estudio.
Los agentes también han bloqueado un total de 21 cuentas bancarias, además de señalar la prohibición de enajenación de dos turismos de alta gama, una furgoneta y un camión frigorífico propiedad de la empresa afectada.
Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, con edades entre los 28 y 64 años son investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y estafa. Todo bajo la instrucción del Juzgado nº 2 de Calahorra -La Rioja-.
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja que ha contado, en el ámbito internacional con la cooperación de Europol y el Arma de Carabinieri italiana. En el ámbito nacional ha colaborado la Unidad Técnica de Policía Judicial con sede en Madrid.
