Abierta una investigación a inmobiliarias por prácticas ilegales contra inquilinos en la gestión del alquiler
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto una investigación formal contra diversas agencias inmobiliarias en España. Estas empresas habrían estado llevando a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión de alquileres, según han denunciado varias asociaciones de consumidores.
Entre las prácticas denunciadas se encuentran la imposición de comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento, la firma de contratos temporales sin justificación y la inclusión de cláusulas abusivas. La Dirección General de Consumo, encargada de la investigación, recuerda que estas acciones están expresamente prohibidas por la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, que estipula que los gastos de gestión inmobiliaria deben ser asumidos por los propietarios y no por los inquilinos. Asimismo, esta normativa también regula la temporalidad de los contratos y prohíbe cualquier cláusula que vulnere los derechos de los inquilinos.
El Ministerio ha destacado que estas prácticas podrían suponer infracciones graves o muy graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las sanciones para las infracciones graves podrían alcanzar los 100.000 euros, o incluso superar esa cantidad en función del beneficio ilícito obtenido. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, las multas podrían llegar a un millón de euros.
La investigación responde a la prioridad del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores, especialmente en lo que respecta al acceso a una vivienda digna. Consumo también ha advertido sobre otras prácticas abusivas detectadas en el sector, como el cobro de fianzas desproporcionadas, la exigencia de garantías adicionales injustificadas o la demanda de mensualidades adelantadas.
Esta acción forma parte de una campaña más amplia del Gobierno para regular el mercado de alquileres y garantizar que los derechos de los inquilinos, amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sean respetados. La investigación continúa en curso, y se espera que arroje más luz sobre las prácticas abusivas en el sector inmobiliario.
