La Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención en la provincia de Alicante que ha resultado en la incautación de 40.000 kilogramos de alimentos en mal estado o con serias deficiencias en su trazabilidad, particularmente productos cárnicos. Esta operación ha llevado a la investigación de dos empresarios por delitos contra la salud pública, falsedad documental y relacionados con la protección del mercado y los derechos de los consumidores.
Los alimentos incautados, que habrían sido distribuidos en puestos de venta ambulante, representaban un peligro para la salud de quienes los consumieran. Algunos de los productos encontrados habían permanecido congelados por más de dos años en las cámaras de una nave que operaba clandestinamente y estaba vinculada a una de las empresas implicadas.
La operación, denominada Repelo, comenzó en abril del presente año con inspecciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para detectar y prevenir el fraude alimentario. Durante una inspección en una empresa de San Vicente del Raspeig dedicada a la producción de hamburguesas y kebabs, se identificaron varias irregularidades, como materias primas sin trazabilidad, productos cárnicos con fechas de consumo preferente vencidas y especias caducadas usadas en la elaboración.
Además, la investigación reveló la existencia de una nave que funcionaba de manera ilegal y en la que se encontraron productos caducados con etiquetas manipuladas para simular fechas de vencimiento válidas y prolongar su comercialización. Este hallazgo implicó el congelamiento de algunos productos durante periodos superiores a dos años.
Los registros también incluyeron inspecciones adicionales en septiembre, donde se detectaron más irregularidades en alimentos almacenados en un centro de San Isidro, especialmente en lo que respecta a trazabilidad, etiquetado y caducidad. La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante, procedió a la destrucción controlada de los productos decomisados por un gestor autorizado.
Como resultado, se ha investigado a los propietarios de las empresas implicadas, ambos de entre 44 y 54 años, por delitos relacionados con la salud pública y falsedad documental. Las infracciones han sido notificadas a la Conselleria de Sanidad y las diligencias han sido enviadas al Decanato del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig, donde el caso sigue su curso.
