Bendodo acusa a Sánchez de «pisotear» la separación de poderes tras un doble varapalo judicial
Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, ha lanzado duras críticas contra Pedro Sánchez durante un acto con alcaldes en Málaga. Bendodo ha afirmado que el presidente del Gobierno ha recibido un “doble varapalo” del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), primero por usar la Abogacía del Estado para defender a su familia, y segundo, porque el tribunal le ha recordado que “pisotea” la separación de poderes.
Bendodo ha exigido a Sánchez que deje de arrastrar el prestigio de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado. Según el dirigente popular, nunca en democracia había sido imputado un fiscal general y menos aún había salido un gobierno en defensa de un fiscal bajo investigación. «Sánchez presume de mandar en la Fiscalía, pero ¿qué sabe el fiscal general para que lo defienda a capa y espada?», se pregunta Bendodo, insinuando que el presidente tiene motivos oscuros para esta protección.
Además, Bendodo ha remarcado que este escándalo no tiene precedentes en Europa: desde la compra de un chalet de medio millón de euros para un ministro, hasta el supuesto viaje ilegal relacionado con un negocio de lingotes de oro valorados en 68 millones de euros. Según el dirigente del PP, Sánchez estaba al tanto de todas estas irregularidades, convirtiendo el ministerio de Transportes en una “fontanería” de favores y arreglos ilegales. “Esto es lo realmente inquietante”, señala, destacando que la trama tenía un chat llamado “fontanería”, en el que los actores principales eran Ábalos, Koldo y Aldama, todos al servicio del presidente.
Por si fuera poco, Bendodo ha criticado al Gobierno por deber más de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos, una cifra que incluye las pérdidas de la plusvalía y los fondos COVID destinados al transporte urbano en 2021. También ha reprochado la nueva tasa de basuras que el Ejecutivo central impondrá a los municipios, calificándola de “injusta”.
Finalmente, ha enfatizado que en cualquier otro país, un escándalo de esta magnitud sería motivo suficiente para disolver las Cámaras y convocar elecciones.
