La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con EUROPOL, han desarticulado una sofisticada organización criminal dedicada al fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales. La operación, denominada QUÍONE, ha resultado en la detención de 11 personas y la investigación de otras ocho, además de la incautación de 7 millones de euros en criptoactivos y la solicitud de bloqueo de otros 19 millones.
La investigación, iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se centró en una red que utilizaba empresas instrumentales para acumular cuotas defraudadas de IVA. Estos hechos fueron comunicados a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que abrió diligencias para profundizar en el caso.
La operación y sus resultados
Durante la operación, se realizaron 19 entradas y registros en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Zaragoza y Alicante. Se incautó un gran volumen de documentación, dispositivos informáticos, 150.000 euros en efectivo y cuatro vehículos. Además, se bloquearon cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a los investigados.
Uno de los hallazgos más destacados fue la incautación de 7 millones de euros en criptomonedas, junto con la solicitud de bloqueo de otros 19 millones. Estas cifras reflejan la magnitud de una organización que defraudó 184 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023, según un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Estructura y funcionamiento de la trama
La organización operaba a través de un conglomerado empresarial diseñado para simular actividades legales mientras acumulaba cuotas de IVA defraudadas. Las empresas instrumentales, controladas por los líderes de la trama, servían para ocultar el fraude y dificultar su detección. Estas sociedades, formalmente dirigidas por testaferros, trasladaban facturación y combustible de manera ficticia, sin pagar las cuotas de IVA correspondientes al Erario.
La estructura estaba altamente coordinada, con una clara unidad de acción entre los dirigentes y las empresas utilizadas. Los líderes de la organización, que permanecían en la sombra, eran los principales beneficiarios de esta operativa delictiva.
Colaboración internacional y apoyo técnico
La operación contó con el apoyo de EUROPOL, que desplazó a España una oficina móvil con expertos y medios técnicos para el clonado de dispositivos informáticos. Además, participaron unidades especializadas de la Guardia Civil, como la Agrupación de Reserva y Seguridad, la Unidad Técnica de Policía Judicial y el Servicio Cinológico, junto con personal de la AEAT.
La investigación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Las diligencias practicadas han permitido desmantelar una de las redes de fraude fiscal más importantes detectadas en los últimos años en España.
