El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la movilización de casi 1.000 millones de euros por parte del Estado para la reconstrucción de la Isla de La Palma, afectada gravemente por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 2021. Estas inversiones históricas, distribuidas en diversas áreas clave, tienen como objetivo principal beneficiar a 33.000 familias, empresas y agricultores de la isla, marcando un hito en los esfuerzos de recuperación post-desastre.
Torres, junto al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado que esta suma incluye contribuciones significativas del Consorcio de Seguros y de varios ministerios del gobierno central. Entre las principales áreas de inversión se encuentran la rehabilitación de infraestructuras como carreteras y obras hidráulicas, así como iniciativas para fomentar el empleo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La inversión total de 985 millones de euros se ha visto reforzada con asignaciones recientes, como los 100 millones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, renovables por tres años consecutivos. Además, se han destinado 48 millones para estudios sobre geotermia y 30 millones para programas de formación y empleo, reflejando un compromiso continuo con la revitalización económica y social de La Palma.
Durante su visita a la isla, Torres resaltó el progreso en la instalación de sensores para mejorar la seguridad de los residentes, una medida crucial para permitir el retorno seguro a sus hogares. Con una inversión de 6 millones de euros en estas tecnologías, se ha facilitado el regreso de la mayoría de los vecinos a sus viviendas y se ha reactivado la actividad económica en sectores clave como el turismo y la hotelería.
En términos sectoriales, diversos ministerios han desplegado recursos específicos para abordar las necesidades urgentes de la población afectada. El Ministerio de Vivienda ha ejecutado actuaciones valoradas en 53 millones de euros, incluyendo la adquisición de viviendas para los afectados y la reparación de casas dañadas. Transportes y Movilidad Sostenible, por su parte, ha implementado una red de vigilancia de CO2 para garantizar condiciones seguras de habitabilidad.
En el ámbito cultural y social, se han asignado subvenciones significativas para apoyar el desarrollo cultural, la prevención de la violencia de género y la asistencia psicológica a los afectados. Además, el Ministerio de Empleo y Formación ha destinado 123 millones de euros a políticas activas de empleo y formación, lo que ha contribuido a reducir la tasa de desempleo en un 16% desde la erupción del volcán.
La política fiscal también ha jugado un papel crucial en la recuperación, con medidas como la deducción del 60% en el IRPF, que ha generado un ahorro fiscal significativo para los residentes. Prórrogas de ERTES, exoneraciones en cuotas a la Seguridad Social y otras ayudas económicas han apoyado a empresas y autónomos durante el proceso de reconstrucción.
Finalmente, el apoyo internacional ha sido fundamental, con fondos como el Fondo de Solidaridad de la UE y el Fondo de Contingencia, que han aportado 9,44 millones y 2,5 millones de euros respectivamente para complementar las iniciativas nacionales de recuperación.
Con estas inversiones y medidas coordinadas, el gobierno español no solo busca restaurar La Palma a su plena funcionalidad, sino también sentar las bases para un futuro más resiliente frente a desastres naturales, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la isla.
