Consumo investiga a Alquiler Seguro y otras inmobiliarias por cláusulas ilegales en contratos de alquiler
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Alquiler Seguro, una de las mayores agencias inmobiliarias del país, por supuestas prácticas abusivas contra personas inquilinas. La actuación parte de una investigación abierta en octubre de 2024 y se enmarca en la estrategia del Gobierno para reforzar la protección del derecho a la vivienda.
El expediente, que no prejuzga el resultado final, surge a raíz de denuncias presentadas por organizaciones de defensa de los consumidores como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Las denuncias señalan irregularidades como el cobro ilegal de comisiones a los inquilinos, la imposición de seguros no solicitados y la contratación forzosa de servicios adicionales.
Según ha recordado el Ministerio, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, prohíbe expresamente que los inquilinos asuman los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Estas prácticas podrían ser consideradas infracciones graves o muy graves, con sanciones que podrían alcanzar el millón de euros, o incluso superar esa cantidad si se determina un beneficio ilícito significativo.
Otras agencias bajo investigación
Además del expediente abierto a Alquiler Seguro, la Dirección General de Consumo mantiene investigaciones activas sobre otras agencias inmobiliarias por comportamientos similares. El Ministerio advierte que la imposición de cláusulas abusivas, como exigir fianzas desproporcionadas, pagos adelantados o garantías adicionales, vulnera la normativa vigente de protección a los consumidores.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy también actúa contra plataformas y gestoras de viviendas turísticas. En los últimos meses, se han iniciado expedientes a empresas que ofrecen información engañosa en los anuncios de alquiler vacacional, simulando que la gestión es realizada por particulares cuando en realidad se trata de empresas operadoras. Estas prácticas pueden inducir a error a los consumidores, lo que infringe el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
Una de estas plataformas, dedicada al alquiler de viviendas turísticas, mantiene miles de anuncios que fueron calificados como publicidad ilícita. Ante la negativa de la empresa a retirar los contenidos, Consumo abrió un procedimiento sancionador en diciembre de 2024.
Protección del derecho a la vivienda
Desde el Ministerio se insiste en que la vivienda es un bien de primera necesidad, y se está trabajando para que los consumidores e inquilinos estén protegidos frente a los abusos del mercado. En esta línea, se han lanzado campañas informativas para alertar sobre prácticas prohibidas y recordar los derechos de los inquilinos establecidos en la legislación actual.
La Dirección General de Consumo subraya que todas estas actuaciones forman parte del compromiso del Gobierno de garantizar un mercado del alquiler justo, transparente y ajustado a derecho, donde no se vulneren las condiciones básicas de acceso a una vivienda digna.
