El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto expedientes sancionadores a grandes gestoras de viviendas turísticas que operan en diversas comunidades autónomas. Estas investigaciones surgen tras la detección de prácticas engañosas que podrían estar perjudicando a los consumidores y violando la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El origen de estas nuevas acciones se encuentra en una investigación iniciada en diciembre de 2024, cuando la Dirección General de Consumo comenzó a solicitar información a empresas que operan en el ámbito del alquiler turístico. Durante el análisis de los datos obtenidos, se halló que muchas de estas empresas podrían estar proporcionando «información falsa o inducir a error» a los consumidores, una acción que se considera una práctica engañosa según la Ley de Competencia Desleal.
Un ejemplo de estas prácticas es la presentación de las empresas gestoras como si fueran particulares, algo que podría alterar el comportamiento económico de los usuarios. Estas infracciones, que podrían acarrear multas de hasta 100.000 euros, afectan directamente los derechos de los consumidores y su acceso a un mercado de alquiler turístico transparente.
Estos expedientes se suman a otro iniciado en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler turístico que mantenía anuncios catalogados como publicidad ilícita, lo que refuerza el enfoque del Ministerio de Consumo en proteger los derechos de los ciudadanos en el sector de la vivienda.
