El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto sanciones históricas a cinco aerolíneas low cost por un total de 179 millones de euros. Las compañías Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea han sido penalizadas por prácticas abusivas, incluyendo el cobro de suplementos por equipaje de mano, la reserva de asientos para personas dependientes y la omisión de información clara sobre precios.
Multas y prácticas sancionadas
El desglose de las sanciones es el siguiente:
- Ryanair: 107,8 millones de euros.
- Vueling: 39,3 millones de euros.
- Easyjet: 29,1 millones de euros.
- Norwegian: 1,6 millones de euros.
- Volotea: 1,2 millones de euros.
Las prácticas consideradas como infracciones muy graves, según la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, incluyen:
- Cobrar un suplemento por transportar equipaje de mano en cabina.
- Imponer sobrecostes para reservar asientos contiguos en caso de menores o personas dependientes y sus acompañantes.
- No aceptar pagos en efectivo en aeropuertos españoles.
- Aplicar tasas desproporcionadas por imprimir tarjetas de embarque en el aeropuerto.
- Falta de claridad y omisión de información en los precios ofrecidos en sus plataformas digitales.
Adicionalmente, Ryanair ha sido sancionada por exigir pagos desproporcionados a pasajeros que necesiten imprimir sus billetes en el aeropuerto.
Nuevo marco sancionador
Estas sanciones son las primeras calificadas como muy graves desde que el Ministerio de Consumo adquirió competencias sancionadoras en junio de 2022. El ministro Pablo Bustinduy subrayó que estas multas buscan garantizar los derechos de los consumidores y establecer un precedente en el sector.
“Estas prácticas vulneran los derechos básicos de los pasajeros y atentan contra la transparencia en la contratación de servicios”.
El cálculo de las multas se ha basado en el beneficio ilícito obtenido por las aerolíneas a través de estas prácticas, con el objetivo de que las sanciones sean proporcionales y disuasorias.
Próximos pasos legales
Con la firma de esta orden ministerial, se cierra la vía administrativa. Las aerolíneas tienen un plazo de dos meses para interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Si no lo hacen, las sanciones serán definitivas y ejecutables.
Impacto para los consumidores
Estas sanciones marcan un hito en la defensa de los derechos de los pasajeros, que durante años han enfrentado cargos adicionales injustificados. El Ministerio busca con esta medida enviar un mensaje claro: las aerolíneas deben garantizar transparencia, accesibilidad y respeto por las normas de consumo en España.
