La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social que supera los 1,3 millones de euros en Málaga. En la operación, se ha detenido a cuatro personas y se han investigado cuatro empresas por delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución.
Las pesquisas policiales, realizadas en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, se centraron en dos sectores económicos clave: el cuidado y residencia de personas mayores, y el ámbito de la construcción. Ambas investigaciones revelaron que las empresas implicadas generaban ingresos mientras acumulaban deudas con la Seguridad Social, sin regularizar su situación ni solicitar la declaración de concurso de acreedores.
Empresas investigadas y maniobras fraudulentas
La primera línea de investigación se enfocó en una sociedad mercantil del sector geriátrico. Esta empresa, a pesar de generar ingresos, eludía embargos y mantenía impagos recurrentes en sus cotizaciones, acumulando una deuda total de 963.306 euros con la Seguridad Social.
Paralelamente, los agentes investigaron una segunda empresa del sector de la construcción. En este caso, la mercantil mantenía impagos sin intentar regularizar su deuda y continuaba operando con beneficios, mientras utilizaba cuentas bancarias de terceros, incluido el hijo del empresario, para ocultar ingresos y evitar embargos. El perjuicio económico causado en este caso ascendió a 401.855 euros.
Cuatro detenidos y nuevas líneas de investigación
Con ambas investigaciones en curso, la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas vinculadas a las empresas implicadas. Además, se elaboraron informes patrimoniales detallados sobre los deudores, detectando otras sociedades que podrían estar operando bajo el mismo esquema fraudulento.
El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 1.365.316 euros. Gracias a la intervención policial, se ha logrado frenar el aumento de esta cifra y se han identificado nuevas estructuras empresariales con prácticas irregulares similares.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar fraudes fiscales que afectan a los recursos públicos y perjudican el sistema de Seguridad Social.
