El Ministerio de Cultura y Deporte acaba de iniciar el trámite de audiencia e información pública del borrador del real decreto que regulará la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años. Desde hoy y hasta el próximo 5 de junio, se recogerá la opinión de aquellos ciudadanos, instituciones u organizaciones que se puedan ver afectados por el proyecto o que muestren su interés en el mismo.
El texto, publicado en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte, regula el programa acordado el pasado 16 de mayo por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, destinado a fomentar que las personas mayores de 65 años accedan a las salas de cine. Contará con un presupuesto de 10 millones de euros y se realiza en colaboración con el sector de la exhibición.
La medida permitirá que, un día a la semana, las entradas de cine cuesten 2 euros para los más de 9,5 millones de mayores de más de 65 años de toda España. Se trata del grupo de edad que más está tardando en retomar los hábitos de asistencia al cine en salas previos a la pandemia. Así, se observan notables diferencias entre franjas de edad: si el 49,3 % de los jóvenes de 20 a 24 años acudió al menos una vez al año al cine entre 2021 y 2022, ese porcentaje cae hasta el al 6 % en la población de más edad.
Interés público y social
Mediante este real decreto se establece el otorgamiento de una subvención de concesión directa a las personas titulares de salas de exhibición cinematográfica de toda España para sufragar parte del precio de las entradas que se expidan a las personas de 65 o más años, de manera que puedan acceder al visionado de cualquiera de las películas programadas en las sesiones ordinarias de la sala beneficiaria por el precio de 2 euros, un día a la semana, a establecer por la sala de exhibición, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, ambos incluidos.
Las entidades beneficiarias serán las personas físicas o jurídicas, titulares de salas de exhibición cinematográfica establecidas en España, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que no tengan ya establecido para ese día de la semana un precio reducido de 2 euros.
El texto expone razones de interés público y social que justifican la adjudicación directa de dichas subvenciones. Por un lado, destaca la necesaria protección de la viabilidad económica de las salas de exhibición cinematográfica, que constituyen un vehículo imprescindible y fundamental de acceso a la cultura de nuestro país, mediante la recuperación de la asistencia a las salas de un amplio sector de la ciudadanía, facilitando, igualmente, su derecho de acceso a la diversidad cultural contribuyendo a un envejecimiento activo y saludable de dichas personas.
Por otro lado, considera que la existencia y funcionamiento de las salas de exhibición tiene un claro impacto social en los lugares en los que se radican, favoreciendo tanto la oferta cultural como las actividades de ocio relacionadas con esta actividad, lo que le otorga un claro interés social.
Cultura Audiovisual
Tal y como reconoce en su exposición de motivos el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, la cultura audiovisual constituye un motor de transformación y de desarrollo social y económico; contribuye a la manifestación artística y a la expresión crítica, libre y creativa; modela imaginarios colectivos; genera identidad y comunidad; amplía el conocimiento del mundo; y refleja y exporta una imagen del país, al tiempo que produce riqueza, crea empleo y potencia el avance tecnológico.
De todos los sectores culturales, el cine es uno de los más afectados, todavía hoy, por la pandemia. Las medidas sanitarias tomadas a raíz de la COVID-19 provocaron un importante descenso en la asistencia media a las salas de cine en el público español, una asistencia que no termina de recuperarse. Pese a los repuntes experimentados en 2022, el sector todavía se encuentra aproximadamente con un 40 % menos de espectadores en relación con la media de los años 2017 al 2019.
Con esta medida, el Gobierno pretende seguir fomentando el acceso a la cultura del conjunto de la población española, algo que ya justificó el lanzamiento del Bono Cultural Joven. Ahora se trata de continuar contribuyendo al crecimiento del sector audiovisual, al tiempo que favorece el envejecimiento activo y saludable de la población mayor de 65 años.
