Hoy, 4 de diciembre de 2024, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, anunciaron el desmantelamiento de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en estafas a través de la modalidad de chiringuito financiero. La operación, que ha sido considerada un éxito, ha llevado a la detención de 33 personas e implicado la intervención de bienes y activos valorados en cientos de miles de euros.
Fraude millonario en solo siete años
La investigación inició a finales de 2023, tras recibir diversas denuncias de víctimas que habían invertido grandes sumas en un bróker internacional sin obtener retorno alguno. Al investigar, se reveló la existencia de una estructura criminal jerarquizada. Entre los años 2017 y 2024, los estafadores habían logrado defraudar más de 52 millones de euros. La organización operaba desde oficinas conocidas como chiringuitos financieros, las cuales carecían de autorización para operar y eran utilizadas para engañar a inversores desprevenidos.
El esquema consistía en captar a personas sin experiencia en inversiones y ofrecerles productos con altos rendimientos y sin riesgos. Sin embargo, las inversiones nunca se realizaban; el dinero recaudado se repartía entre los integrantes de la red y el bróker extranjero. Hasta el momento, se han identificado 29 víctimas, que habrían sufrido un perjuicio económico superior a los 2 millones de euros. Se prevé que puedan aparecer más afectados en el futuro.
Registros y confiscaciones
El 20 de noviembre, los agentes llevaron a cabo un operativo en el que se registraron cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. En estos registros, se intervinieron 200,000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de lujo, material informático y 21 obras de arte y facsímiles valoradas en más de 200,000 euros.
Los detenidos, que enfrentan cargos por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, han pasado a disposición judicial. Esta operación subraya la importancia de la colaboración entre las autoridades para combatir el crimen financiero y proteger a los ciudadanos de fraudes que afectan su bienestar económico.
