La Guardia Civil, en el marco de la operación “Kaltegarria”, ha detenido a seis personas (cinco en España y una en Francia) integrantes de una organización criminal internacional dedicada a la adquisición, almacenaje y comercialización de productos fitosanitarios de uso profesional, sin estar debidamente autorizada.
Se han practicado tres registros en la localidad de Irún (Guipúzcoa), uno en la localidad de Arenales del Sol (Alicante) y otro en la localidad francesa de Castres, en los que se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados, cerca de 20.000 euros en efectivo y siete vehículos. Además se han bloqueado multitud de activos financieros, incluyendo 14 cuentas bancarias que en suma arroja un total de medio millón de euros en activos embargados bajo control judicial. El valor de los bienes intervenidos supera el millón de euros.
Se estima que esta organización criminal habría obtenido un beneficio ilegal cercano a los tres millones de euros, derivado de la venta ilícita de los citados productos químicos en territorio nacional, así como a diversos países del continente europeo, destacando Francia.
A los detenidos se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra el medio ambiente y los recursos naturales, contra la salud pública, de riesgo catastrófico, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Sanidad vegetal
La operación se ha desarrollado en el contexto de la sanidad vegetal, actividad dirigida a proteger los vegetales y sus productos de los daños producidos por las plagas, malezas y organismos que causan enfermedades.
Las plantas tienen un papel crucial para lograr que el sector de la agricultura y la silvicultura sean sostenibles y competitivos, además de proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Sin embargo, lograr plantas sanas resulta un desafío debido a que el comercio, así como la circulación de mercancías y personas, favorecen la propagación de enfermedades y plagas de los vegetales. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que anualmente hasta un 40 % de los cultivos alimenticios se pierden a causa de dichas enfermedades y plagas. Ello repercute en el abastecimiento de alimentos de millones de personas y perjudica a la agricultura.
España es el primer productor de la Unión Europea de frutas y hortalizas y uno de los principales a nivel mundial, encabezando, además, el listado de exportadores de la UE en el sector hortofrutícola y siendo uno de los tres primeros exportadores mundiales junto con China y EEUU. Esta posición de predominancia en el mercado puede causar un impacto muy significativo en la seguridad y salud de las poblaciones, así como en el medio ambiente, si se emplean sustancias fitosanitarias no autorizadas.
Los fabricantes y comercializadores de productos fitosanitarios ilegales, en muchas ocasiones integrados dentro de organizaciones criminales, así como los usuarios finales, aceptan de manera consciente dichos riesgos. La principal motivación que impulsa la comisión de estos delitos es la existencia de una demanda por parte de un sector de la agricultura de estos productos ilícitos, ya sea por la tradición de uso del producto o por la efectividad del mismo, reportando este comercio cuantiosos beneficios ilícitos a los infractores.
El marco normativo imperante a nivel europeo y a nivel nacional, prohíbe o restringe la comercialización y el uso de ciertos productos fitosanitarios, con la motivación de la protección medioambiental y del usuario final.
Productos fitosanitarios
Los productos fitosanitarios son mezclas químicas que contienen sustancias activas y otros ingredientes, cuyo objetivo es proteger los vegetales de organismos nocivos. Contribuyen a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. Pero al mismo tiempo, su utilización puede tener efectos desfavorables en la producción vegetal y también puede entrañar riesgos para los seres humanos, animales y el medio ambiente. La toxicidad de estos productos puede ser muy elevada tanto en las personas que los manipulan como en los consumidores.
La aplicación de un producto legal con fines distintos para los que fue diseñado, puede suponer una pérdida total de los cultivos tratados. En el medio ambiente, la aplicación de dichos productos representa un riesgo para la calidad del suelo, de las aguas y su biodiversidad.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Irún (Guipúzcoa), coordinada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil con la (Oficina Central de Lucha Contra los Ataques al Medio Ambiente y la Salud Pública (OCLAESP) de la Gendarmería francesa y apoyada por Europol.
Han colaborado en la operación la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) del Ministerio de Transición ecológica y de la Cohesión de territorios y del Ministerio de Agricultura, y la Brigada Nacional de Investigaciones Veterinarias y Fitosanitarias (BNEVP) del Ministerio de Agricultura de Francia. También han participado diversas unidades de las Comandancias de Guipúzcoa, Alicante y efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
