En una operación conjunta de la Guardia Civil, denominada “Monopolio-Latente,” ha sido detenido un hombre acusado de defraudar más de 800.000 euros en Melilla mediante el impago del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). La detención se produjo tras una intensa investigación que reveló el fraude, afectando a más de 2.000 ciudadanos y a numerosas empresas de transporte.
El fraude fue descubierto cuando la fiscalía de Melilla recibió una denuncia que señalaba al detenido como propietario y administrador de una cantidad inusualmente alta de empresas de transporte en la región. Las autoridades identificaron que el acusado no solo evadía el pago del impuesto local de IPSI, sino que también se había apropiado ilegalmente de los pagos que empresas y ciudadanos debían realizar a la Ciudad Autónoma de Melilla, generando un daño económico masivo.
En el marco de la investigación, la Guardia Civil estableció dos objetivos principales: por un lado, la identificación de los afectados, incluyendo ciudadanos cuyos bienes estaban en riesgo y trabajadores que no habían recibido sus salarios; y, por otro, la localización del principal sospechoso. Finalmente, el acusado fue localizado en la Isla de Gran Canaria, donde vivía de manera ostentosa, financiando su lujoso estilo de vida con los fondos presuntamente defraudados.
Amplia Red de Actuación y Documentación Mercantil
Las investigaciones revelaron que el ámbito de actuación del detenido no se limitaba a Melilla. Las actividades fraudulentas también abarcaban otras provincias, incluidas Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid, donde el acusado habría gestionado varias empresas. La Guardia Civil analizó una gran cantidad de documentación mercantil y cuentas bancarias, encontrando indicios de una red de fraude extendida que el detenido administraba desde sus empresas de transporte.
Múltiples Antecedentes Policiales
El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, incluyendo cargos de robo, malversación, estafa, fraude y apropiación indebida. La operación, ejecutada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Melilla en colaboración con el Equipo Contra el Crimen Organizado de Canarias (ECO), fue supervisada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.
