El Congreso convalida el Real Decreto-ley anticrisis y aprueba un séptimo paquete de medidas de protección a la ciudadanía de 3.800M€

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La norma prorroga para la segunda mitad del año las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y del volcán de La Palma

El Congreso convalida el Real Decreto-ley anticrisis y aprueba un séptimo paquete de medidas de protección a la ciudadanía de 3.800M€

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de la erupción del volcán de La Palma; de transposición de Directivas de la Unión Europea; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Así, el ministro de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha defendido ante la Diputación Permanente sus tres objetivos fundamentales: prorrogar, para la segunda mitad de este año, las medidas de protección a la ciudadanía aprobadas a lo largo de la legislatura; cumplir con las obligaciones y compromisos de nuestro país respecto al Derecho Europeo; y por último, aprobar una serie de previsiones urgentes y necesarias para desplegar eficazmente algunas medidas ya adoptadas por el Gobierno, incluidos los proyectos y programas financiados con fondos europeos.

 

Prórroga a la rebaja en el transporte y el IVA de los alimentos

El séptimo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de la erupción del volcán de La Palma está cifrado en 3.800M€ adicionales. Con ello, el Gobierno eleva a 8.900M€ las ayudas y bonificaciones en la segunda mitad de 2023, y a 47.000M€ la cantidad total movilizada para responder a la guerra.

En este sentido, el ministro ha señalado que estas medidas ya se han demostrado exitosas tanto para la evolución de la economía como para contener la subida del IPC. «Me permito recordarles que ya hemos recuperado el nivel del PIB pre pandemia y que, como ha confirmado Eurostat la semana pasada, España es el segundo país de Europa con menos inflación, un 1.6% en términos armonizados solo por detrás de Luxemburgo», ha subrayado.

En concreto, el Real Decreto-ley prorroga hasta el 31 de diciembre, entre otras: la rebaja del IVA de los alimentos, al 5% en el caso de aceites y pastas, y al 0% en el caso de productos básicos como el pan, los huevos, las frutas y verduras; los descuentos en el transporte colectivo urbano e interurbano, de al menos el 50%; la suspensión de los desahucios de familias vulnerables; la prohibición de despedir en las empresas que han recibido ayudas públicas; y las ayudas directas a transportistas.

Además, en relación al volcán de La Palma, se prorroga, también hasta el 31 de diciembre: el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social; las prestaciones por cese de actividad para autónomos; los ERTEs «volcánicos» y la exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta para las empresas y trabajadores acogidos a ellos; y la suspensión del pago de préstamos con y sin garantía hipotecaria concedidos a los afectados por el volcán.

 

Tres nuevos permisos laborales para la conciliación

En cuanto a la transposición de directivas comunitarias y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, cabe destacar, en primer lugar, la incorporación de los tres permisos laborales previstos en la «Directiva de Conciliación»: cinco días al año retribuidos para atender a un familiar hasta el segundo grado o a un conviviente, con o sin relación de parentesco; cuatro días al año retribuidos, por fuerza mayor familiar; y ocho semanas, que podrán tomarse de manera continua o discontinua y a tiempo parcial o completo, hasta que el menor cumpla ocho años.

Además, el Real Decreto-ley incluye la transposición de la Directiva de Movilidad, en lo relativo a transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas; la modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la implementación del régimen sancionador del incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento comunitario sobre la difusión de contenidos terroristas on-line; y la modificación de la regulación de las VTC.

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