El Ejecutivo aprueba 35 millones para menores migrantes y 150 millones para un proyecto de hidrógeno verde
El Gobierno de España ha aprobado una partida de 35 millones de euros para mejorar la acogida de menores migrantes no acompañados en todo el país, según ha informado hoy la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, tras la reunión del Consejo de Ministros. Este fondo se distribuirá entre las Comunidades Autónomas, con especial atención a Canarias, Ceuta y Melilla, que recibirán 15 millones debido a la presión migratoria que enfrentan por su ubicación geográfica. Los 20 millones restantes se repartirán entre las demás comunidades, basándose en conceptos de alojamiento, manutención e integración socioeducativa de los menores.
El objetivo es fortalecer los sistemas de protección para estos niños y adolescentes, garantizando su seguridad y facilitando su integración en la sociedad. La medida también contempla apoyo para infraestructuras y la logística necesaria para el traslado de los menores a diferentes territorios.
En otro importante anuncio, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha informado sobre la concesión de una subvención directa de 150 millones de euros a la empresa Cobra Solutions para el desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde, como parte del PERTE de descarbonización. Este proyecto incluye la construcción de dos electrolizadores en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, con una inversión total de 742 millones de euros. Además de fomentar el desarrollo sostenible, el proyecto creará 500 empleos directos y 600 indirectos, y contribuirá a la reducción de 47.000 toneladas de CO2 anuales.
El Consejo de Ministros también ha aprobado una financiación de 50 millones de euros para apoyar a los deportistas españoles a través de diversos programas. Esto incluye 17 millones para la preparación de los deportistas del «Team España» de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, así como 19 millones para federaciones deportivas y clubes.
Por último, se ha autorizado una inversión de 23 millones de euros para aumentar el número de plazas de medicina en las universidades públicas. Esta medida tiene como objetivo abordar la falta de planificación en la formación de médicos que se arrastra desde el gobierno anterior y que el actual Ejecutivo viene corrigiendo desde 2018.
