El Gobierno activa un plan de 14.320 millones para blindar al sector agroalimentario frente a los aranceles
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este martes en el Senado que el Gobierno ha desplegado un ambicioso plan de respuesta para amortiguar el impacto de los aranceles anunciados por Estados Unidos sobre productos agroalimentarios españoles. El plan, dotado con 14.320 millones de euros, busca proteger a los sectores más vulnerables y asegurar su continuidad en los mercados internacionales.
Durante la sesión de control al Gobierno, Planas ha insistido en la necesidad de “negociar, negociar y negociar” para evitar la imposición definitiva de estas medidas restrictivas. El titular de Agricultura ha recordado que España, como potencia agroalimentaria europea, mantiene su firme compromiso con la defensa de sus exportaciones y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales.
En relación al sector del vino, otro de los más golpeados por las medidas comerciales, el ministro ha apuntado tres líneas estratégicas de actuación: una gestión racional del potencial productivo que evite nuevas plantaciones innecesarias, la adaptación de cultivos al cambio climático mediante variedades más resistentes, y la actualización de las campañas de promoción para ajustarse a las nuevas tendencias de consumo, incluyendo vinos desalcoholizados.
Planas también ha informado sobre la inminente publicación de una orden ministerial para el reparto de la cuota de 158 toneladas de gamba roja entre la flota de arrastre del Mediterráneo, una medida que busca garantizar la equidad en la distribución y la sostenibilidad del recurso pesquero. Este reparto se basará en los datos de capturas de los últimos tres años y reservará un 10% del total.
Finalmente, el ministro ha recordado la propuesta española en el último Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea para revisar el reglamento del Mediterráneo occidental. El objetivo, ha señalado, es compatibilizar la sostenibilidad medioambiental con la viabilidad económica y social de las comunidades pesqueras, asegurando el futuro del sector.
