La ministra Elma Saiz preside la segunda Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, destacando la reducción de la pobreza y la mejora en la accesibilidad de esta prestación social.
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la actual legislatura. Este encuentro, celebrado con representantes de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y diversas ciudades autónomas, ha puesto el foco en los avances de esta política social clave en la lucha contra la pobreza y las desigualdades en España.
Durante la reunión, Saiz anunció dos nuevas medidas que entrarán en vigor en noviembre para facilitar el acceso al IMV y reducir las barreras administrativas. Una de ellas es la implementación de la línea gratuita de atención telefónica 020, que estará disponible desde el próximo 4 de noviembre, ofreciendo asistencia directa a los beneficiarios potenciales de la prestación. Además, el 22 de noviembre se pondrá en marcha una pasarela que permitirá el traspaso directo del subsidio por desempleo al IMV, eliminando así las lagunas de ingresos para aquellos que más lo necesitan.
«Es una medida largamente demandada por la ciudadanía y que permitirá que las personas que cumplan los requisitos no sufran interrupciones en su acceso a la protección social», destacó la ministra.
Impacto del IMV en la reducción de la pobreza
Desde su creación, el IMV ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la pobreza en España. Tras cuatro años de vida, esta prestación ha alcanzado a 900.000 familias y beneficia actualmente a 2,7 millones de personas. La ministra subrayó que las mejoras introducidas, como el incentivo al empleo y el complemento de ayuda a la infancia, ya son recibidos por 455.000 hogares, lo que evidencia el impacto positivo de la medida.
Gracias a una inversión de 12.130 millones de euros, el IMV ha logrado reducir la pobreza severa entre un 5% y un 20%, dependiendo de la comunidad autónoma. En regiones como Andalucía, la prestación llega a cubrir hasta el 8% de la población. Asimismo, la cuantía del IMV ha sido revalorizada en más del 30% desde 2020, lo que ha contribuido a que la tasa de pobreza en España se sitúe en su nivel más bajo de la última década.
La ministra Saiz hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que continúen ampliando el alcance del IMV, bien mediante complementos adicionales o extendiendo la protección a nuevos colectivos. «Es el momento de multiplicar esfuerzos para reducir las estadísticas de pobreza. No podemos dejar a nadie atrás», afirmó la ministra.
Facilitar la accesibilidad y la transparencia
Además de estas nuevas medidas, el Ministerio ha reforzado las herramientas para mejorar el acceso y la transparencia del IMV. Entre estas acciones se incluyen la revisión de la página web del ministerio, la simplificación de los formularios, como el del incentivo al empleo, y la creación de un nuevo portal de la Seguridad Social para facilitar la información y los trámites de esta prestación.
El Laboratorio de Políticas de Inclusión
La ministra también destacó los avances del Laboratorio de Políticas de Inclusión, un programa pionero a nivel internacional que ha impulsado 34 proyectos piloto en toda España para evaluar políticas que beneficien a la población más vulnerable. Con una metodología basada en ensayos aleatorizados, el laboratorio ha involucrado a 180.000 beneficiarios, de los cuales el 57% son mujeres, y ha contado con la participación de 16 comunidades autónomas y 14 entidades del Tercer Sector.
Con el respaldo de 212 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el objetivo es escalar las buenas prácticas obtenidas de estos proyectos piloto y trasladarlas a las políticas públicas. «Es crucial contar con la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos para seguir avanzando en la protección de los más vulnerables», concluyó Saiz.
Tras la comisión, se celebró el seminario «Claves para el Futuro de la Protección Social en España», donde se debatió sobre el presente y futuro del IMV y cómo trasladar las evidencias científicas a las políticas sociales.
