La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lanzado este martes 17 de enero un mensaje de firmeza y tranquilidad para todas las mujeres de Castilla y León y del resto de España, frente a las medidas anunciadas recientemente por la coalición del Gobierno autonómico ante la decisión de abortar de las mujeres embarazadas. La propuesta de PP y Vox, que implica la «obligación» de los sanitarios de ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto y de realizar una ecografía 4D, supone a ojos del Gobierno estatal una afrenta contra los derechos de las mujeres, descritos por la Ley estatal del Aborto.
Así, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de este martes, Isabel Rodríguez ha defendido que el Gobierno de Sánchez usará todos los mecanismos jurídicos a su alcance para «que no se consume la tropelía» que el ejecutivo autonómico quiere implantar. Añadió que, ante un «claro intento de retroceso en los derechos y libertades de las mujeres, no vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro en esta materia en ningún territorio».
La medida, que ha protagonizado numerosas polémicas en la última semana, ha ocasionado este enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico, e incluso claras diferencias dentro de la propia coalición de gobierno autonómica. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), asegura que no se implantará ningún nuevo protocolo ni se impondrán obligaciones sobre los sanitarios, mientras su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), ha querido insistir en que la medida será de carácter completamente obligatorio para los profesionales de la salud. La tensión entre ambos socios es palpable, y algunos medios han llegado a afirmar que Mañueco se reserva el cese de su vicepresidente si este último no corrige su «deslealtad».
Ante la polémica, la portavoz del Gobierno ha anunciado dos actuaciones por parte del Gobierno central. En primer lugar, el Ministerio de Política Territorial, que ella misma lidera, ha aprobado un acuerdo que garantice la homologación de la legislación en toda la Administración, puesto que el anuncio de Castilla y León «contraviene las leyes y la Constitución española». Así mismo, Rodríguez añade «que habrá medidas que hoy seguimos sin conocer a pesar de los requerimientos formales del Gobierno», y considera que el Gobierno autonómico carece de las competencias para añadir requisitos a la interrupción voluntaria del embarazo más allá de los que ya contempla la legislación nacional. Por ello, la segunda acción aprobada en el Consejo de ministros consiste en la aprobación de un acuerdo como paso previo a un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado.
Isabel Rodríguez se ha mostrado contundente al respecto: «Reclamamos a la Junta que cese de hacer ninguna instrucción a médicos para ofrecer información o pruebas suplementarias. Las Comunidades no pueden añadir requisitos adicionales ni condicionar la libertad de las mujeres». Esta postura ha sido defendida por ciertas comunidades de sanitarios, como la Sociedad Española de Ginecología, que exige a la Junta de Castilla y León que no apruebe medidas «no previstas en la normativa nacional».
El presidente Pedro Sánchez ha querido defender la posición de su Gobierno desde el Foro Económico Mundial de Davos, donde ha justificado estos acuerdos alegando que la Junta no ha sido clara y está tratando de vulnerar la legislación estatal del aborto. Así mismo, Sánchez considera que Mañueco ha tratado de escudarse en que el protocolo anunciado sea voluntario y no obligatorio, y añade que no se trata de esa cuestión, sino del intento de vulneración de una ley estatal.
Estas medidas suponen el segundo requerimiento emitido en menos de 48 horas por parte del Gobierno central a la Junta de Castilla y León. Así, el Gobierno exige a la coalición autonómica que sea clara con sus pretensiones y que se comprometa por escrito en un plazo máximo de 30 días a no llevar a cabo ninguna actuación legal o de hecho que vaya en contra de la Ley de Interrupción del Embarazo aprobada en 2010. Si finalmente la Junta aprueba este nuevo protocolo, el Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional.
