El Gobierno aprueba el proyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional.
La norma transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers y cumple con los objetivos del Gobierno en la lucha integral contra la corrupción contenidos en su acuerdo de coalición y en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. «
Marco jurídico para proteger al informante
La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que el objeto central de la futura ley es la protección «eficaz y efectiva» por parte de la Administración de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen informaciones relativas a infracciones del derecho de la Unión y derecho nacional. Cuando la información revele la posibilidad de que se haya cometido un delito, deberá comunicarse inmediatamente a la Fiscalía.
Cualquier ciudadano o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas, incluso de manera anónima, una novedad que se ha introducido «teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ya admite las denuncias en vía penal anónimas en nuestro sistema y considerando que, además, las denuncias anónimas siempre tienen una especial valoración en vía probatoria», ha señalado la ministra.
Con la finalidad de establecer garantías contra informaciones falsas o delaciones espurias, que pueden generar un grave daño a personas, instituciones públicas o empresas, se sancionará la comunicación o revelación pública de información a sabiendas de su falsedad. El régimen sancionador contempla, por ejemplo, amonestaciones públicas, la prohibición de obtener subvenciones o de contratar con la Administración Pública y multas que podrán ir de 1.001 a 300.000 euros en el caso de personas físicas y de 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas.
Pilar Llop ha puntualizado que el nuevo mecanismo contemplado en la ley no sustituirá a las tradicionales vías de denuncia, ya sea judicial o de ámbito sectorial.
Procedimiento
Las denuncias podrán ser efectuadas a través de una autoridad administrativa independiente, de nueva creación, o a través de los canales internos de cada organización, que serán obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores, partidos políticos, sindicatos y fundaciones que reciban fondos públicos. También deberán contar con ellos todos los municipios, aunque los que no superen los 10.000 habitantes podrán compartir los medios para la recepción de informaciones, siempre y cuando estén dentro de la misma comunidad autónoma.
El plazo máximo para realizar las investigaciones necesarias y responder al informante será de tres meses, con posibilidad de prórroga si la complejidad del asunto así lo requiere.
Elección de sede para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su intervención. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Ejecutivo ha iniciado el procedimiento para designar la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). La iniciativa se enmarca en el compromiso de descentralización del sector público y de cohesión del territorio.
La creación de esta Agencia se contempla en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y cuenta con una partida de 5 millones de euros para su puesta en marcha en los Presupuestos Generales de 2022.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que la Comisión consultiva para la determinación de las sedes determinará los criterios de selección en el plazo de un mes. Una vez publicados en el BOE, las comunidades autónomas y las entidades locales que lo deseen podrán presentar su candidatura y la elección deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses.
Ayudas para La Palma
El Consejo de Ministros ha transferido 6,5 millones de euros al Gobierno de Canarias para ayudar a los afectados por la erupción volcánica de La Palma.
Isabel Rodríguez ha afirmado que esta cantidad permitirá atender a más de 600 familias que necesitan reponer enseres domésticos de primera necesidad.
Desde que se produjo la erupción del volcán el pasado 19 de septiembre de 2021, el Gobierno de España ha comprometido 555 millones de euros, de los que 425 han sido ya movilizados, un 77%. «Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes», ha afirmado la portavoz, que ha destacado la agilidad en la tramitación de las ayudas.
