El Consejo de ministros ha aprobado este martes una nueva e importantísima medida para aliviar las consecuencias de la guerra en Ucrania. El Gobierno ha acordado un paquete de ayudas para que más de un millón de familias afronten mejor el alza en la hipoteca de sus hogares. Se trata de atender una demanda del conjunto de la sociedad y que “sintetiza muy bien la manera en que el Gobierno afronta el reparto de las cargas derivadas de la crisis”. “Ante un problema, una solución, ante la incertidumbre, certeza”, ha defendido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
“Desde el Ejecutivo, protegemos a nuestro país y a nuestra gente”, ha proseguido Rodríguez. No solo con las iniciativas destinadas al pago de los préstamos hipotecarios, sino con la puesta de “todos los medios del Estado al servicio de familias y empresas” durante la pandemia y durante la actual crisis, ha recordado la también ministra de Política Territorial. Rodríguez ha puesto como ejemplo de ello los Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando en la actualidad.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha expresado este martes su confianza en que todas las entidades financieras apliquen y se sumen a las medidas para aliviar la carga hipotecaria a las familias más vulnerables y de clase media. «Es el momento de arrimar el hombro y de ayudar”.
Además, las familias pueden solicitar la restructuración de la deuda en más de una ocasión. Se duplica, además hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual y se amplía de seis a doce meses el plazo para poder solicitar el alquiler social en la propia vivienda ir un importe máximo del 3% de su valor por parte de las personas en situación en vulnerabilidad.
La vicepresidenta ha puesto de ejemplo cómo una familia con una hipoteca de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, verá reducida su cuota durante un periodo de carencia de cinco años en más de 50 %
Calviño ha apuntado además que habrá unos mecanismos para verificar que las entidades que se sumen a estas buenas prácticas cumplen con las mismas. En este sentido, ha señalado que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación se aprobará también hoy vía proyecto de ley, tendrá competencias para resolver conflictos de buenas prácticas y capacidad sancionadora cuando se incumplan sus resoluciones.
Homologar las condiciones de bomberos forestales
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha hecho referencia a dos anteproyectos de ley aprobados en Consejo de ministros para estandarizar la situación laboral de bomberos forestales y agentes medio ambientales. “Las normativas aprobadas aseguran unas condiciones laborales y de profesionalidad equivalentes en todo el territorio nacional”, ha señalado la ministra Ribera.
Finalmente, la vicepresidenta tercera ha hecho hincapié en la “regulación de las condiciones relativas a la prevención de riesgos laborales para este colectivo”, así como la importancia de “los tiempos de descanso de los profesionales”.
El Consejo de ministros ha adoptado otros acuerdos importantes como el despliegue del PERTE agroalimentario, la concesión de 38,5 millones para rehabilitar servicios municipales en La Palma, la creación del centro de procesos de datos de la Seguridad Social, en Soria o una declaración institucional que muestra “el absoluto rechazo del Gobierno a cualquier violencia machista”, algo que se encuentra “en el corazón de la acción de Gobierno”, ha defendido Isabel Rodríguez.
