El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Umbrales, que regula la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha resaltado que el Gobierno realizará una inversión histórica, de 2.520 millones de euros, para garantizar «la igualdad de oportunidades y que miles de estudiantes puedan seguir formándose sin que sus condiciones socioeconómicas sean un obstáculo para ello».
Alegría ha destacado que la inversión en esta partida ha aumentado un 70% desde el último presupuesto del Ejecutivo anterior y beneficiará a más de un millón de estudiantes.
Entre las novedades de la convocatoria, figura el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a unos 125.000 alumnos y alumnas, en especial a los de entornos rurales que deben desplazarse a otras localidades para poder estudiar.
Además, habrá una ayuda universal de 400 euros para los estudiantes de niveles educativos no universitarios que acrediten una discapacidad de, al menos, un 33%, trastorno grave de conducta, de la comunicación o el lenguaje o del espectro autista, con el fin de sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar. En este caso, la ministra ha estimado que la ayuda beneficiará a más 214.000 alumnos.
Por otra parte, Pilar Alegría ha subrayado que se mejora la gestión de las becas para que los estudiantes puedan conocer si cumplen los requisitos económicos para obtener una beca antes de matricularse en cualquier estudio. Durante los meses de marzo y abril, podrán presentar sus solicitudes, en agosto o septiembre se les comunicará si cumplen las condiciones y, en caso afirmativo, podrán percibir su beca en el último trimestre del año.
Reforma de las Enseñanzas Artísticas
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Gobierno, ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que regula, por primera vez desde hace 33 años, las enseñanzas artísticas y que era una medida muy demandada por el sector cultural y artístico.
Esta decisión permitirá generar un «marco legal estable, integrado y claro», según ha indicado Pilar Alegría, para un colectivo integrado por 140.000 estudiantes, 14.000 docentes y 689 centros públicos y privados. La ministra ha añadido que el texto completa la reforma del sistema educativo, junto con las leyes de Educación, Formación Profesional, Universidades y Ciencia, y se tramitará por el procedimiento de urgencia para que quede aprobado antes del final de la legislatura.
Alegría ha explicado que la futura ley homologa las enseñanzas artísticas superiores al modelo universitario y las enseñanzas artísticas profesionales al nuevo sistema de formación profesional. Además, ha apuntado que las artes audiovisuales, hasta ahora no recogidas, se incluyen por primera vez en las enseñanzas artísticas superiores.
La titular de Educación y Formación Profesional ha incidido en que se garantiza la homologación de titulaciones superiores y su incorporación al Espacio Europeo de la Educación Superior. Asimismo, los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores tendrán el reconocimiento de becarios universitarios.
Por otra parte, los centros de enseñanzas artísticas ganan autonomía pedagógica y organizativa, y podrán establecer convenios y acuerdos con las universidades para favorecer intercambios de alumnos, generar doctorados, y asociarse entre sí para crear el «Campus de las Artes». También se crean cuatro cuerpos docentes, se mantiene el de Maestros de Taller de Enseñanzas Artísticas y se genera la figura del profesor especialista.
Pilar Alegría ha resumido la medida al señalar que «el Gobierno genera un marco común, que permite desarrollos posteriores de reglamentos, equipara las enseñanzas superiores con la universidad y las profesionales con la FP, refuerza la autonomía de los centros, homologa las titulaciones de los jóvenes y dignifica y consolida las enseñanzas artísticas».
Primera evaluación de los impuestos a la banca y al sector energético
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha analizado el informe preliminar de evaluación de los nuevos gravámenes temporales para empresas energéticas y entidades de crédito.
El plazo para el primer pago anticipado del 50% de la cuota prevista para todo el año concluyó ayer y se han recaudado 817,4 millones de euros del gravamen energético y 637,1 del impuesto a la banca.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha calificado como «muy positivos» estos resultados y ha anticipado que la recaudación real anual de ambos impuestos podría ser superior a la estimación más conservadora, 2.900 millones de euros, o incluso superar los 3.000 millones, que era la previsión del informe económico que acompañaba al proyecto de ley de creación de estos gravámenes.
«La recaudación de ambas figuras representa una cantidad bastante asumible ante el volumen de beneficios obtenido por ambos sectores, una vez conocidas las cuentas de resultados, y no pueden considerarse confiscatorias sino proporcionadas», ha proseguido Montero.
Según los datos aportados por la ministra, los grandes bancos españoles tuvieron más de 20.500 millones de beneficio en el año 2022. La cifra de negocio de los dos primeros grupos se incrementó un 25% respeto al año anterior. Por su parte, los beneficios publicados por las principales compañías energéticas reflejan un incremento, solo hasta el mes de septiembre, del 43%, alcanzando casi 12.000 millones de euros.
Ayudar a los ciudadanos en un contexto de incertidumbre
Montero ha manifestado el apoyo por parte del gobierno a ambos sectores, a los que, ha dicho, «lo único que les pedimos es que ante beneficios históricos hagan un pequeño esfuerzo para ayudar a los ciudadanos de su país en un contexto de incertidumbre».
La ministra ha recordado que la ciudadanía española ya asumió un elevado coste en la anterior crisis con un rescate de miles de millones de euros de dinero público para sanear el sistema financiero: «Ahora toca a las entidades financieras arrimar el hombro para que haya un mayor y mejor reparto de la crisis, algo bastante comprensible y justo, que está en el ADN de este gobierno progresista».
La titular de Hacienda ha anunciado que próximamente se evaluará también el impuesto temporal creado para las grandes fortunas, que afecta a 23.000 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio en España.
«Cuando algunas comunidades autónomas recurren este impuesto están defendiendo al 0,1% de los ciudadanos más ricos de su comunidad en detrimento de la sanidad pública o de la educación que utilizan la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país», ha asegurado.
Modelo fiscal coherente y justo
Además de estos tres gravámenes, la ministra se ha referido a otras medidas fiscales como la reducción del gravamen de sociedades del 25 al 23% a las pymes cuya facturación no supera el millón de euros, la ampliación de la reducción de rendimientos del trabajo para rentas hasta los 21.000 euros, el aumento del IRPF a las rentas más altas o los impuestos a las transacciones financieras y los servicios digitales.
El objetivo del Gobierno desde el inicio de la legislatura ha sido definir un modelo fiscal y un sistema tributario más progresivos y coherentes, que permitan «avanzar en justicia fiscal para conseguir mayor justicia social y luchar contra la desigualdad».
Además, ha continuado, todas las medidas fiscales adoptadas se basan en el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución y de las recomendaciones internacionales «para pedir un mayor esfuerzo a quienes están obteniendo unos beneficios extraordinarios por la situación económica y geopolítica».
Montero ha recordado que la Comisión Europea también ha propuesto gravar los beneficios extraordinarios de sectores como el energético y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha considerado necesario imponer impuestos solidarios excepcionales a las grandes rentas y a las empresas con beneficios extraordinarios.
«Quienes se oponen a que la banca, las energéticas o las grandes fortunas contribuyan más deben decir a los ciudadanos a quienes van a pedir ese esfuerzo», ha afirmado.
El Gobierno, ha reiterado la ministra, «seguirá trabajando para reforzar los servicios públicos y beneficiar a la mayoría de los ciudadanos del país», y ha puesto como ejemplos la ayuda de 200 euros que se puso en marcha el pasado miércoles -que ya han solicitado más de 1,1 millones de personas-, la reducción de los impuestos vinculados a la electricidad y el gas o la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra.
190 millones para el Plan Corresponsables
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Ejecutivo ha acordado la distribución de 190 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo del Plan Corresponsables.
Este plan, que llega a su tercera edición, busca facilitar la conciliación de las familias y crear empleo de calidad en el ámbito de los cuidados.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha hecho una mención expresa a las entidades locales que están colaborando con las comunidades autónomas en la mayor parte de las actividades, «desde la cercanía y con la aspiración social de mejora de la vida de las familias».
Programa de Reasentamiento de Refugiados
El Ejecutivo ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados para 2023, por el que se dispone la acogida de hasta 1.200 personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos o graves crisis humanitarias.
El año pasado, en el que se fijó el mismo número máximo, 1.112 personas fueron reasentadas en España, la gran mayoría sirios procedentes del Líbano.
El próximo mes de mayo, ha anunciado Isabel Rodríguez, España acogerá ya a un primer grupo de más de un centenar de afectados por el terremoto de Siria y Turquía.
Preocupación por el anuncio de Putin sobre armas nucleares
Isabel Rodríguez ha expresado la preocupación del Ejecutivo español y su rechazo a la decisión anunciada esta mañana por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de suspender su participación en el Tratado de Reducción de Armas Nucleares START III con Estados Unidos.
En su primera intervención en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, Rodríguez ha reiterado «la solidaridad y la unidad de España y del conjunto de la Unión Europea con el pueblo ucraniano a la hora de repeler esta agresión unilateral, injusta e injustificada» y ha reivindicado el modelo europeo de convivencia de derechos y libertades.
