La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a todas las administraciones públicas a aplicar sin dilación las medidas del Gobierno para frenar el fraude en el alquiler turístico, especialmente en ciudades como Madrid, donde, según denunció, «solo el 7% de las viviendas turísticas son legales».
Durante su reunión con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Rodríguez abordó el impacto negativo que tiene la proliferación de alojamientos turísticos ilegales en la convivencia vecinal y el acceso a viviendas asequibles, calificándolo como una «atrocidad que impide los proyectos de vida de miles de ciudadanos».
La ministra subrayó el compromiso del Ejecutivo con el derecho a la vivienda, y celebró medidas como permitir a las comunidades de vecinos vetar la presencia de alojamientos turísticos o el impulso para gravar con IVA a las viviendas turísticas, al ser una actividad económica que compite “de forma desleal” con el sector hostelero.
Rodríguez fue tajante: «Más viviendas y menos Airbnb, mucho menos si estos son ilegales», e insistió en la necesidad de actuar con contundencia contra la especulación inmobiliaria, apelando a una colaboración efectiva entre instituciones.
