El Gobierno movilizará hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible
El Consejo de Ministros ha presentado el plan de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que destinará hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables.
Esta iniciativa se suma a las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2023, como el Bono de Alquiler Joven y las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética, y tiene como objetivo incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha desgranado esta estrategia, que ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de febrero en el Senado.
Calviño ha afirmado que desde que el Gobierno tomó el control de la Sareb, en abril de 2022, tiene un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional. Todo ello, «con el mejor uso posible de los activos públicos para hacer una gestión responsable y velar por el dinero de los contribuyentes».
La Sareb dispone de un ‘stock’ potencial de vivienda terminada de 21.000 unidades, además de otras 14.000 habitadas y de suelos disponibles para la promoción de hasta 15.000 nuevas viviendas.
Destino de los activos de la Sareb
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
Nadia Calviño ha avanzado que, para aprovechar estos activos, el Gobierno ha puesto en marcha un plan con tres ejes: la movilización de las 21.000 viviendas para uso social, la gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas y la cesión de suelos urbanizables.
Viviendas de usos social mediante acuerdos con comunidades y ayuntamientos
Las 21.000 viviendas de la Sareb identificadas para uso social se movilizarán a través de acuerdos de venta a las comunidades autónomas para alquiler social asequible.
La vicepresidenta primera ha detallado que 9.000 ya están disponibles para la venta y 12.000 pendientes de la finalización de obras o de la cédula de habitabilidad. La Sareb ya ha negociado acuerdos de venta con la Comunidad Valenciana y la Xunta de Galicia y está negociando con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con los municipios del área metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).
Además, se contemplan convenios de cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a Administraciones Públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables.
A modo de ejemplo, Calviño ha destacado los acuerdos para poner viviendas a disposición de trabajadores temporeros en el ámbito agrícola o para fomentar el emprendimiento y fijar población joven en áreas rurales, así como para el acogimiento de refugiados.
Gestión proactiva de viviendas y refuerzo a la inclusión social
La estrategia contempla la gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas. Nadia Calviño ha avanzado que se identificará a las familias vulnerables y se les ofrecerá el apoyo necesario con «una gestión siempre prudente y responsable de la cartera de activos». Se les ofrecerán alquileres que tengan en cuenta su nivel de renta, se les ayudará a regularizar su situación, en la búsqueda de empleo y en el acceso a los servicios sociales o la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
En la actualidad, la Sareb ya gestiona más de 2.000 alquileres sociales y está apoyando a más de 400 familias. La vicepresidenta ha argumentado que el alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos, al facilitar que los inquilinos tengan una mejor situación económica y puedan pagar sus rentas.
Cesión de suelos urbanizables
El Ejecutivo también pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable mediante un esquema de colaboración público-privada. La entidad cuenta con suelo para construir unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible.
Además, la Sareb ofrecerá a las administraciones públicas la venta de suelos destinados a otros objetivos sociales como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios públicos.
Nadia Calviño ha señalado que la venta de suelos contribuye al proyecto liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico para abordar la despoblación e implantar proyectos empresariales y de reindustrialización en la España rural, en colaboración con empresas privadas.
Regadío sostenible
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
El Consejo de Ministros ha abordado un informe sobre la política de regadío sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha encuadrado ese informe en el momento actual, «particularmente difícil desde el punto de vista hidrológico y de la pluviometría». Planas ha apuntado que, desde el 1 de octubre, inicio del año hidrológico, las lluvias han descendido un 18,8% respecto a los años anteriores. La situación se agrava en la parte sur de la península, en particular en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.
En el caso del secano, el ministro ha señalado que la mayoría de las explotaciones podrá sembrar y cosechar, pero con un rendimiento inferior, lo que se compensará con el seguro agrario combinado. Otros agricultores, por el contrario, se verán frenados por las condiciones climáticas y los mayores costes de producción, en particular de los fertilizantes. Precisamente para paliar esta subida de precios, el Gobierno acaba de abonar un total de 281 millones de euros que han llegado a 234.000 agricultores, un apoyo que Planas ha calificado de «eficaz».
La situación es más complicada en el caso del regadío, que engloba al 65% del conjunto de la producción vegetal de España. Ayer mismo -ha recordado el ministro- la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir redujo hasta en un 90% las dotaciones de agua, «lo cual pone sin duda en peligro determinados cultivos».
Luis Planas ha anunciado que el Ejecutivo está trabajando en «respuestas a corto plazo», en función de la reunión que se celebrará mañana de la Mesa de la Sequía, así como en posibles medidas nacionales y en el contexto de la Unión Europea, tanto para el presente como para el futuro.
Modernización y digitalización
El debate -ha argumentado el titular de Agricultura- «no es si regadío sí o regadío no», sino cómo lograr un «regadío sostenible» que permita continuar con un nivel de producción que posibilite la autonomía alimentaria y las exportaciones. Eso requiere modernizar el regadío para aumentar su eficacia, así como usar otras fuentes de aprovisionamiento de agua, como la reciclada y la desalada.
Las inversiones previstas por el Ejecutivo para impulsar esa modernización en el período 2022-2027 suman 2.130 millones de euros, más del doble de la media de los primeros veinte años de este siglo, según ha destacado Luis Planas. Esa cantidad incluye 1.255 millones del Plan de Recuperación y 875 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El ministro ha indicado que a esos fondos hay que añadir 5.000 millones de obras del Ministerio de Transición Ecológica y 200 millones del PERTE de la Digitalización del Ciclo del Agua.
El objetivo es abarcar 750.000 hectáreas, 200.000 en primera modernización y 550.000 en segunda y tercera modernización. «Siempre se puede regar mejor, se puede hacer una mejor utilización de cada gota de agua», ha dicho Planas, quien ha añadido que la meta es reducir como mínimo en un 10% el consumo de agua. Para conseguirlo, se contemplan 96 actuaciones en 15 comunidades autónomas, desplegadas en tres fases, con cargo al Plan de Recuperación.
Subvenciones para ONGD
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID) la convocatoria de las subvenciones que recibirán las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) para realizar sus proyectos en el año 2023.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha concretado que la cuantía de las subvenciones asciende a 45 millones de euros, que proceden, en su mayoría de la recaudación del IRPF, y que se destinarán a áreas como la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la transición justa, el acceso a la salud, la recuperación incluyente y la promoción de los derechos humanos.
La portavoz ha indicado que se subvencionarán proyectos que actúan en un solo país, que se concretarán en 30 países; iniciativas que se centran en varios países, enfocadas a luchar contra la pobreza desde un enfoque de derechos humanos y el comercio justo, y proyectos para atender las necesidades de la población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia).
Otros acuerdos
El Ejecutivo ha acordado la remisión a las Cortes del Convenio de Seguridad y Salud en la Construcción y ha autorizado la manifestación del consentimiento de España para obligarse por ese convenio.
Isabel Rodríguez ha manifestado que con esta decisión se aumenta la prevención de accidentes y la seguridad en el trabajo y se abordan cuestiones relativas a los primeros auxilios y en relación con el bienestar de los trabajadores. «Con este nuevo convenio, España sigue liderando los países con el mayor número de convenios ratificados en la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, mostrando su compromiso con la protección de los trabajadores».
El Consejo de Ministros también ha aprobado la contratación de un nuevo sistema de monitorización de gases tóxicos en las localidades de la isla de La Palma de Puerto Naos y La Bombilla, que sufrieron los efectos de la erupción del volcán.
Por otra parte, el Gobierno ha autorizado las obras de remodelación y ampliación de la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo, que se alojará en uno de los edificios del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
Además, ha autorizado el convenio para construir el intercambiador de Riberas de Loiola en San Sebastián, que contempla una inversión de 35,9 millones de euros.
