En 2024, los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas han alcanzado un total de 2.859 millones de euros, cifra que se encuentra en consonancia con las previsiones del Gobierno y se asemeja a la recaudación del año anterior. Este enfoque fiscal responde a una política del Gobierno destinada a exigir un mayor esfuerzo a quienes más tienen, con el fin de beneficiar a la mayoría social del país.
Desglosando las cifras, el gravamen a las entidades de crédito ha generado una recaudación de 1.695 millones de euros, mientras que el gravamen a las empresas energéticas se ha situado en 1.164 millones de euros. Estos pagos, que se realizan en dos etapas, con un primer abono en febrero y una liquidación final en septiembre, reflejan las recomendaciones de organismos internacionales que instan a estos sectores a contribuir de manera más equitativa, especialmente teniendo en cuenta los resultados económicos obtenidos en 2023.
Aprobados a finales de 2022, estos gravámenes forman parte de una política fiscal progresista y justa, que también incluye un tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales y un Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para los patrimonios más elevados. Este aumento en la carga fiscal se considera adecuado, dado que tanto las entidades bancarias como las empresas energéticas están reportando beneficios récord.
Además, el Gobierno ha implementado medidas para reducir la carga fiscal sobre las rentas medias y bajas, incluyendo la mayor reducción impositiva en la historia relacionada con la energía y una rebaja del IVA, que ha supuesto un ahorro de 25.000 millones de euros para las familias. También se ha disminuido el IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, generando un ahorro de 5.000 millones de euros en las retenciones fiscales. Asimismo, se ha reducido el Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pequeñas y medianas empresas (pymes) con una facturación de hasta un millón de euros.
Los gravámenes a la banca y energéticas son considerados una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, y están diseñados para promover el principio del «reparto del esfuerzo». En el caso de las energéticas, los gravámenes se aplican a los ‘operadores principales’, aquellos que obtienen al menos el 75% de su volumen de negocios de actividades como la producción de crudo, gas natural, minería de carbón o refinado de petróleo.
Sin embargo, ciertos ‘operadores principales’ están exentos del pago si su cifra de negocios en 2019 fue inferior a 1.000 millones de euros o si sus ingresos derivados de actividades energéticas no superan el 50% de su cifra de negocios total en los años anteriores. La base imponible se calcula sobre el importe neto de la cifra de negocios anual, aplicando un porcentaje del 1,2%.
En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se aplicará a aquellas cuyos ingresos por comisiones e intereses superen los 800 millones de euros, con una base imponible que suma los ingresos por margen de intereses y comisiones, y un porcentaje del 4,8%.
