El Gobierno ya ha abonado casi 250 millones a empresas y autónomos del sector del transporte sólo una semana después de la autorización de la Comisión Europea

El Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, ha abonado ya casi 250 millones de euros en ayudas directas al sector del transporte, tanto a empresas como a autónomos, sólo una semana después de recibir autorización de la Comisión Europea. El número de transportistas beneficiarios de este apoyo económico asciende a 89.675.

El apoyo económico al sector del transporte es una de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta norma, en su artículo 25, contempla una línea de ayudas directas a empresas y profesionales del transporte, dado que se encuentran especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes.

El Gobierno puso a disposición del sector un total de 450 millones de euros a través de este mecanismo, por lo que ya se ha ingresado más de la mitad del volumen previsto apenas una semana después de que la Comisión Europea aprobara este plan de apoyo para los transportistas de mercancías y pasajeros por carretera.

Los potenciales beneficiarios de las ayudas son las actividades ligadas al transporte por taxi, el transporte colectivo de pasajeros por carretera, el transporte de mercancías por carretera, así como los servicios de transporte sanitario de personas.

Las ayudas varían en función del número y el tipo de vehículo explotado por cada beneficiario. De esta manera, esta ayuda pública se concede a razón de 1.250 euros por camión; 950 euros por autobús; 500 euros por furgoneta o ambulancia; y 300 por cada taxi o vehículo de alquiler con conductor.

El importe máximo a percibir por compañía o empresario por razón de estas ayudas directas al transporte es de 400.000 euros.

Devoluciones y anticipos a las estaciones de servicio

La Agencia Tributaria también ha ingresado 491 millones de euros a las estaciones de servicio y otros operadores del sector, sumando los 309 millones de euros abonados en concepto de los anticipos solicitados por el sector y los 182 millones correspondientes a las devoluciones requeridas.

Estas cifras implican el pago de la práctica totalidad de los anticipos solicitados por los operadores del sector, gasolineras y otras empresas de venta directa. Y, respecto a las devoluciones, se han abonado casi el 60% de las solicitudes presentadas.

De esta manera, se da cumplimiento al compromiso adquirido con las gasolineras, que con su colaboración hacen posible mitigar las consecuencias económicas de la guerra a través de la bonificación de hasta 20 céntimos por litro repostado tanto por particulares como por autónomos y empresas.

El sector del transporte también se beneficia de esta subvención pública. Se calcula que sumando las ayudas directas con la bonificación al combustible los empresarios contarán con un soporte que se contabiliza en un total de 1.000 millones de euros. A ello hay que añadir la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, que pasa a ser mensual desde su periodicidad previa, que era trimestral.

Un plan de 16.000 millones de euros

El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania en el Consejo de Ministros del pasado 29 de marzo. Y el Congreso de los Diputados lo convalidó el 28 de abril.

La norma supone movilizar 16.000 millones de euros en recursos públicos, 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.

El Real Decreto-ley incluye ayudas directas, además de para el sector del transporte, también para el resto de actividades más afectadas por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, como la agricultura y la ganadería (362 millones de euros); el sector pesquero (68 millones); así como a la industria electrointensiva y gasintensiva (500 millones de euros).

Otra medida contenida en el texto es la prórroga hasta el 30 de junio de 2022 de las medidas fiscales adoptadas en junio de 2021 para abaratar la factura eléctrica a todo tipo de clientes, tanto hogares como empresas. Así, se mantiene la rebaja del IVA desde el 21% al 10%; el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) continúa en el 0,5%, que es el mínimo autorizado por la normativa europea. Y además sigue suspendido el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que se sitúa en el 7%.

La norma también incorpora otras medidas sociales de apoyo a las personas trabajadoras y a los hogares. Así, se prohíbe el despido a las empresas que perciban ayudas directas o apliquen ERTE con apoyo público. Además, la revisión de los contratos de alquiler que tengan que renovarse durante la vigencia del Real Decreto-ley podrá realizarse con un encarecimiento máximo del 2% en las rentas. Asimismo, se incrementa un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, se amplía el bono social eléctrico a 600.000 familias y se incrementa la dotación del bono social térmico en 75 millones de euros.