El Partido Popular impugna la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional por «vulnerar la igualdad»
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado hoy que el PP ha registrado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía, calificando la normativa como «inmoral e inconstitucional». En una declaración pública, Gamarra ha detallado que el recurso refleja todas las «infracciones y vulneraciones de nuestra Carta Magna» que la ley representa, describiéndola como un intento de «borrar delitos cometidos» para que el presidente Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder a través de «privilegios de impunidad» y la destrucción del principio de igualdad ante la ley.
Gamarra ha argumentado que el objetivo principal de la Ley de Amnistía fue proporcionar inmunidad a una «casta política» con el fin de facilitar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. La secretaria general del PP ha calificado la ley de «expresamente inconstitucional» y «arbitraria», y ha subrayado que representa una «autoamnistía» porque ha sido promovida por los mismos que se beneficiarán de ella, algo que también es contrario al ordenamiento jurídico europeo.
Además, Gamarra ha exigido que el Tribunal Constitucional actúe de manera «imparcial e independiente» al revisar la inconstitucionalidad de la ley. En este sentido, ha anunciado la recusación del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, debido a que fueron nombrados «a propuesta del Gobierno» y han mostrado una «clara dependencia jerárquica» del presidente y del ministro responsable de la negociación de la ley impugnada.
La secretaria general del PP ha defendido el recurso como una «necesidad» y una «obligación moral» para su partido, que se considera «el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario de nuestro país». Gamarra ha reafirmado el compromiso del PP con su promesa a los españoles de «dar la batalla» contra la amnistía en todos los frentes: político, social y judicial. En sus palabras, el partido está cumpliendo con su promesa de defender la igualdad y los principios fundamentales de la democracia, advirtiendo que España debe ser un país de ciudadanos «libres e iguales».
