El Pleno decide hoy si aprecia una situación de emergencia extraordinaria para que las administraciones públicas puedan superar los límites de deuda y déficit

El acuerdo del Gobierno del pasado 26 de julio incluye, en primer lugar, un límite de gasto no financiero para 2023 para el Estado de 198.221 millones de euros y, en segundo lugar, la suspensión del acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales.

El establecimiento del límite de gasto no financiero del Estado por parte del Gobierno es el paso previo a la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, y acompaña al acuerdo por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores que se remite a las Cortes Generales.

En la sesión de hoy también se celebrarán los debates de totalidad del Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, y del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.

De esta manera, el Pleno verá dos enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Estas enmiendas corresponden a los grupos Ciudadanos y VOX, y solicitan la devolución del texto al Gobierno. Las enmiendas que correspondían a los diputados Ferrán Bel y Concep Cañadell, del Grupo Parlamentario Plural y a la diputada Mariona Illamola, también del Grupo Plural, han sido retiradas.

Este proyecto de ley modifica la Ley 14/1986, de 25 de abril, «para blindar el sistema público de salud, identificando como modelo de gestión del SNS la gestión directa», tal y como señala en su exposición de motivos. Entre otras medidas, el texto propone la incorporación de una «evaluación del impacto en salud en la elaboración preceptiva de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo», que se aplicará a las normas de carácter sectorial que afecten a determinantes de la salud, como la vivienda, educación, medio ambiente o transporte, entre otros.

A continuación, se debatirán las tres enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo VOX y la diputada Mariona Illamola, del Grupo Plural.

Este proyecto de ley tiene como objeto «la regulación del sistema universitario, así como de los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas con competencias en materia universitaria». En este sentido, entre las medidas que abarca, el texto «refuerza la autonomía universitaria en el marco de las bases comunes del sistema universitario» o «reduce del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas», tal y como señala en su exposición de motivos.

Por último, se votará la avocación a Pleno del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y del Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.

La sesión plenaria de ayer dio comienzo a partir de las 9:00 horas con la Sesión de Control al Gobierno. Los diputados formularon las preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida para los grupos parlamentarios en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.

En concreto, respondieron a las preguntas de los parlamentarios la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ministra de  Hacienda y Función Pública, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ministra de Justicia, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de Educación y Formación Profesional.

Posteriormente, la Sesión de Control continuó con las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta primera del Gobierno y

ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital «sobre la subida de los tipos de interés, su impacto en los hogares españoles y las medidas que está tomando el Gobierno para aliviarlo» y del Grupo Popular «para que el Gobierno explique su posición en el ámbito internacional y de la OTAN tras más de seis meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania, y la estrategia que está siguiendo ante una de las mayores crisis de seguridad en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial».

A continuación, el Pleno acogió ayer la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «para dar explicaciones en relación con las vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias el 24/06/2022 en la frontera entre Nador y Melilla, donde al menos 37 personas fueron asesinadas y decenas de ellas víctimas de una grave actuación policial que causó decenas de heridos».

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento del Congreso, tras la intervención del ministro, para la que no tiene límite de tiempo, los representantes de cada grupo parlamentario, en orden de mayor a menor y cerrando el Grupo Socialista, pudieron fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones por un tiempo de quince minutos. Posteriormente, el titular de Interior contestó a los diputados quienes  pudieron replicar al ministro, que intervino tras el turno de réplica cerrando el debate.

Asimismo, se debatieron las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo VOX «sobre las medidas concretas que va a adoptar el Gobierno para solucionar la posición de España en materia energética y dar solución a la ruina de los españoles» y del Grupo Popular «sobre los avances en el desarrollo del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado y su impacto en un sector estratégico para la economía española como la automoción».

La iniciativa del Grupo Popular buscaba «considerar la estacionalidad del consumo eléctrico de determinadas actividades, a fin de no sobrecargarlas innecesariamente con cargos no proporcionados a su consumo real anual y la potencia contratada para atenderlo, y facilitando así un importante ahorro de costes en su factura eléctrica final».

Para ello, proponía modificar «las condiciones particulares de aplicación a contratos de acceso para regadío y actividades económicas sujetas a estacionalidad» para que puedan  hacer uso del derecho al contrato de acceso con posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos y/o telefónicos a su suministrador.

Por su parte, la iniciativa del Grupo VOX tenía por objeto modificar la causa de justificación de la responsabilidad criminal consistente en el ejercicio de la legítima defensa.

El Pleno de ayer martes continuó con el debate de iniciativas no legislativas. En concreto, se han visto las proposiciones no de ley «relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español», presentada por el Grupo Parlamentario VOX, y «sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria», del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Ambas proposiciones no de ley se votarán en la sesión plenaria de hoy.

Por un lado, la proposición presentada por el Grupo Parlamentario VOX «relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español» insta al Gobierno a «promover las modificaciones legislativas y normativas que sean necesarias para la materialización de los principios constitucionales contenidos en los artículos 3 y 27 de la Constitución».

Por su parte, la propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común insta al Ejecutivo a modificar «el objeto social de SAREB para convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida». En este sentido, la iniciativa propone que, «para poder fiscalizar y controlar adecuadamente SAREB», se creará un organismo «que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos».

La sesión concluyó con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano «sobre la previsión del Gobierno de acatar los dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español».