El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha expresado su rechazo frontal al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, acusando al Gobierno de vulnerar principios esenciales de técnica legislativa y de utilizar la norma como una «moneda de cambio» con sus socios parlamentarios.
Los senadores populares Pepa Pardo y Miquel Jerez han liderado las críticas tras el veto a la iniciativa, que será devuelta al Congreso de los Diputados. «Estamos ante una rapidez impropia para una ley esencial para nuestro ordenamiento jurídico», aseguró Pardo, señalando que esta falta de rigor atenta contra el Estado de derecho y la democracia.
Falta de informes y enmiendas intrusas
Según Pardo, la ley pretende modernizar y agilizar el sistema judicial, pero lo hace sin los informes preceptivos necesarios y a través de un procedimiento de urgencia que modifica cerca de 50 leyes. Además, denunció la inclusión de hasta 23 enmiendas intrusas que no guardan relación con el objetivo del texto y que, en su opinión, responden a «cesiones» a partidos como Junts y Bildu.
«Modernizar la Justicia no es traspasar habilitados nacionales al País Vasco ni intervenir en la independencia del Ministerio Fiscal. Esto es un asalto a las instituciones en toda regla», enfatizó Pardo, acusando al Gobierno de actuar con «corrupción moral y política».
Críticas al contenido y a las prisas legislativas
Por su parte, Miquel Jerez, portavoz de Constitucional, denunció que la ley refleja una «degradación de la potestad legislativa parlamentaria» impulsada por urgencias políticas y concesiones al independentismo. También puso el foco en enmiendas que, según el PP, favorecen a los ocupas y perjudican a los propietarios legítimos, declarando: «Al ocupa se le echa a la calle cuanto antes. Eso en el Senado no se toca».
Jerez subrayó que su grupo parlamentario no permitirá que una ley tan relevante pase «sin consenso amplio» y advirtió que sus errores son «evidentes». Para los populares, el Gobierno ha optado por pactar con «partidos que se aprovechan del Estado» en lugar de buscar acuerdos con fuerzas políticas de Estado.
Reclamaciones de operadores jurídicos
Los populares recordaron que jueces, abogados, procuradores, economistas y sindicatos han mostrado su rechazo a esta ley mediante quejas y reclamaciones. «Lamentamos que promuevan una transformación de la Justicia al dictado de minorías y con un alcance imprevisible», concluyó Jerez.
Con este veto, el PP reafirma su posición de defensa de un procedimiento legislativo riguroso y de consenso amplio, mientras continúa denunciando lo que consideran un deterioro institucional provocado por el Gobierno.
