El Gobierno de España ha aprobado, por primera vez, un acuerdo estatal destinado a mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera para niños de 0 a 6 años. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad junto a los gobiernos autonómicos, busca garantizar una atención rápida, gratuita y de calidad para la infancia con necesidades especiales.
Este marco común establece un tiempo máximo de espera de 45 días para la intervención desde la detección de un caso con riesgo evolutivo. La medida responde a la recomendación de la Garantía Infantil Europea (GIE), aprobada por el Consejo de la Unión Europea en 2021, y busca sentar las bases para un desarrollo saludable en la infancia, previniendo discapacidades y problemas de dependencia.
Un sistema más equitativo y accesible
Desde los ministerios responsables alertan de las graves consecuencias de no contar con un sistema de atención temprana eficiente y público, ya que esto puede comprometer el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Además, la falta de acceso a estos servicios puede generar desigualdad entre familias, obligando a muchas a costear tratamientos privados.
El acuerdo aprobado este lunes también establece que todas las comunidades autónomas cuenten con una Red de Atención Temprana con normativa específica, mecanismos de coordinación y acceso equitativo. Asimismo, se promoverá la estabilidad y calidad del empleo de los profesionales del sector y se garantizará la valoración e intervención integral en función de las necesidades individuales de cada niño y su familia.
Dotación económica y medidas clave
El acuerdo incluye una inversión de 41,8 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus, que serán distribuidos entre los gobiernos autonómicos. En 2023, más de 129.000 niños necesitaron atención temprana en España, lo que representa el 5,38% de la población infantil de 0 a 6 años.
Las medidas acordadas se organizan en nueve líneas de acción con 36 estándares de calidad, entre ellas:
- Reducción de los tiempos de espera a un máximo de 45 días.
- Coordinación interadministrativa eficaz.
- Participación activa de las familias en el proceso.
- Refuerzo de la calidad de los servicios de atención temprana.
- Implementación de un enfoque biopsicosocial y atención en entornos naturales.
El documento fue elaborado con la participación de diversas comunidades autónomas y entidades especializadas en infancia y discapacidad. Además, se ha establecido un plazo hasta 2030 para la implementación total del plan, con evaluaciones bienales para medir su impacto.
Participación de la sociedad civil
Entre las organizaciones participantes destacan la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), Plataforma de Infancia, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Confederación Autismo España y la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria, entre otras.
Este acuerdo representa un avance significativo en la garantía de los derechos de la infancia en España y busca sentar las bases para un sistema público, universal y equitativo en atención temprana.
