La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la desarticulación de un grupo criminal dedicado a estafar a ciudadanos extranjeros mediante la venta de citas falsas para trámites de extranjería. Dos personas de nacionalidad argentina han sido detenidas en la provincia de Valencia por presuntamente bloquear el sistema online de citas utilizando un bot informático, acaparando casi en su totalidad las citas disponibles para su posterior venta a precios que oscilaban entre 50 y 90 euros, a pesar de que este trámite es gratuito.
🚩Desarticulado un grupo criminal dedicado a #estafar con la venta de #citas falsas para trámites de #extranjería
➡️Dos detenidos en #Valencia por, presuntamente, bloquear el sistema online de citas de extranjería mediante un #bot informático
🚔Ofertaban las citas -para casi… pic.twitter.com/n6bPyUCZHL
— Policía Nacional (@policia) September 21, 2024
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias de ciudadanos que afirmaban haber sido estafados por la venta de citas que luego resultaron no existir. Los detenidos ofertaban las citas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y de una popular red social, solicitando el pago por transferencia bancaria. Los agentes, tras realizar un registro en un municipio valenciano, intervinieron un total de 7.290 euros en efectivo, así como numerosos dispositivos electrónicos y documentos que detallaban la operación.
El modus operandi del grupo consistía en el uso de un bot que detectaba la disponibilidad de citas para trámites de extranjería, las bloqueaba y posteriormente las ofrecía a personas necesitadas. Las víctimas, desesperadas por obtener una cita, contactaban con los estafadores, quienes utilizaban uno de ellos como «gancho» para facilitar el pago. Una vez realizada la transferencia, los solicitantes recibían una supuesta confirmación de la cita, solo para descubrir que no existía al intentar presentarse en las oficinas de extranjería.
El perfil de las víctimas es mayoritariamente de extranjeros que necesitan realizar diversos trámites, como solicitudes de protección internacional, toma de huellas para el N.I.E. o certificados de ciudadanos de la Unión Europea. Estas personas, ante la imposibilidad de conseguir una cita a través de los canales oficiales, se vieron impulsadas a pagar por un servicio que, por ley, debería ser gratuito.
La operación ha dejado a más de un centenar de víctimas repartidas por toda España, y aunque se han realizado ya dos detenciones, la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos en el futuro.
