La Guardia Civil, en coordinación con la Guardia Urbana de Barcelona, ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, logrando la liberación de dos mujeres y la detención de cuatro integrantes de la organización. La operación ‘Canaan’, desarrollada en el distrito de Ciutat Vella, también permitió la incautación de 35.885 euros en efectivo y abundante documentación vinculada a las actividades ilícitas.
La investigación comenzó en agosto, cuando los agentes identificaron una red que operaba desde Colombia para captar mujeres en situación de vulnerabilidad mediante falsas promesas de empleo en España. Una vez en el país, las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones, con el objetivo de saldar una supuesta deuda impuesta por la organización.
Según las autoridades, la red operaba bajo un sistema altamente estructurado: las mujeres eran trasladadas directamente a un local en Barcelona donde se les obligaba a residir y trabajar. Los miembros del grupo criminal obtenían el 70% de las ganancias generadas por los servicios sexuales de las víctimas, ejerciendo un estricto control sobre sus movimientos y su libertad.
En la primera fase de la operación, los agentes detuvieron a tres personas y llevaron a cabo registros en tres inmuebles de la ciudad, obteniendo pruebas clave como listados de servicios, pagos y comunicaciones que detallaban el proceso de captación y explotación de las mujeres. Posteriormente, una cuarta persona, encargada de la administración del local, también fue detenida.
Las dos víctimas liberadas están recibiendo apoyo integral por parte de los servicios sociales y entidades especializadas, que han activado protocolos para garantizar su asistencia psicológica, social y jurídica. Esta atención busca facilitar su rehabilitación y reintegración a la sociedad.
La operación, liderada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil y el Grupo de Tráfico y Explotación de Personas (GTEP) de la Guardia Urbana, contó con el respaldo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y la Unidad Canina. Asimismo, participaron la Unidad de Refuerzos de Emergencia y Proximidad (UREP) y el Grupo Cinológico de ambas instituciones.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que continúa investigando posibles ramificaciones de la red criminal en otros países. Las autoridades recalcan su compromiso de luchar contra este tipo de delitos que vulneran gravemente los derechos humanos.
