La Guardia Civil, en el marco de la Operación Matrihoney, ha investigado a 11 personas por comercializar más de 40 toneladas de miel de procedencia china, que superaban la cantidad máxima de pesticida autorizada en Europa, representando un riesgo para la salud pública.
La empresa investigada falsificaba la documentación para burlar los controles sanitarios, vendiendo el producto como miel ecológica certificada. Este grave fraude fue posible gracias a la falsificación de documentos y la mezcla de miel contaminada con miel europea para diluir la concentración de pesticidas.
Las investigaciones comenzaron en 2022, gracias a la colaboración ciudadana que alertó a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) sobre posibles irregularidades cometidas por una de las mayores empresas del sector en España, dedicada a la importación y exportación de miel. Los guardias civiles analizaron exhaustivamente 250.000 archivos y más de 5.000 correos electrónicos de la empresa, confirmando la comisión de varios delitos.
El análisis documental permitió acreditar la falsedad en las declaraciones de exportación de lotes de miel. La información reveló que varios lotes de miel ecológica de procedencia china, afectados por pesticidas, se habían falsificado para su posterior venta.
Las autoridades europeas, alertadas por la Guardia Civil, han activado los mecanismos de control necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria, impidiendo la comercialización de esta miel contaminada. Con esta operación, el SEPRONA reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria, previniendo la comisión de futuros delitos a través de su labor inspectora y la persecución de infractores.
Los investigados enfrentan acusaciones de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delitos contra la salud pública. La Operación Matrihoney ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Paterna (Valencia) y desarrollada por efectivos del SEPRONA de la Comandancia de Valencia, con el apoyo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. También se solicitó la colaboración de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
