La senadora del Partido Popular y portavoz de Función Pública en el Senado, Inmaculada Hernández, ha criticado duramente la gestión del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acusándolo de improvisación y falta de planificación en la crisis de MUFACE.
Durante su intervención en la Cámara Alta, Hernández señaló que las aseguradoras llevan tiempo advirtiendo sobre la inviabilidad económica del modelo, pero el Ejecutivo no tomó medidas a tiempo. “El Gobierno de Sánchez ha mirado hacia otro lado y ha mercadeado con los derechos de los funcionarios”, denunció.
Enfrentamientos dentro del Gobierno
La portavoz del PP también destacó la falta de consenso dentro del propio Ejecutivo, refiriéndose a las discrepancias entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro Óscar López. Según Hernández, las declaraciones de García en el Senado sobre la necesidad de desmantelar MUFACE y trasladar a los funcionarios al Sistema Nacional de Salud han generado aún más incertidumbre.
Además, hizo referencia al tuit de Mónica García criticando la decisión del Consejo de Ministros de destinar 4.808 millones de euros en tres años para incrementar la oferta a las aseguradoras en 330 millones, lo que evidencia, según el PP, la falta de un plan estructural y coordinado.
Preguntas sin respuesta
Inmaculada Hernández cuestionó por qué el Gobierno ha esperado hasta el último momento para modificar las condiciones de la licitación en lugar de proponer una reforma estructural. También alertó sobre la incertidumbre que viven los mutualistas, que tienen hasta el 31 de enero para decidir entre MUFACE o el Sistema Nacional de Salud, situación que ha llevado a muchos a optar por la Seguridad Social ante la falta de garantías.
El PP defiende el modelo de MUFACE
Para concluir, Hernández reafirmó el compromiso del Partido Popular con la protección de los derechos de los mutualistas y la defensa de un modelo que ha funcionado durante décadas. Advirtió que la crisis de MUFACE no debe ser utilizada como excusa para su desmantelamiento y exigió al Gobierno una solución planificada y consensuada para garantizar la estabilidad del sistema.
