La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales relacionados con la medicina estética.
La investigación, iniciada en 2023, ha permitido la detención de cuatro personas y la imputación de otras 41 en distintas provincias, incluyendo Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla. En total, se les acusa de 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.
Los implicados empleaban toxina botulínica y otras sustancias procedentes de Corea sin pasar los controles sanitarios exigidos en Europa y España. Estos productos eran distribuidos a clínicas clandestinas y personas sin la debida titulación, ofertando tratamientos a través de redes sociales y otros medios.
Durante la operación se realizaron 24 inspecciones en clínicas y establecimientos clandestinos, incautándose grandes cantidades de medicamentos ilegales, entre ellos 700 viales de toxina botulínica, 275 de hialuronidasa, más de 200 envases de lidocaína y un millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico. También se encontraron hilos tensores y centrifugadoras para tratamientos de plasma rico en plaquetas, todos ellos sin trazabilidad ni garantías de seguridad.
La Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Sevilla detectó un aumento en la entrada de estos productos desde Corea, introducidos en España con falsas declaraciones de contenido. Parte de esta mercancía también tenía como destino Portugal, utilizando una red de cuentas bancarias en distintos países para ocultar los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.
La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Inspección de Farmacia de la Junta de Andalucía y Madrid, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), así como entidades académicas como la Universidad Católica de Murcia, la Universidad San Pablo CEU y la Facultad de Farmacia de Granada.
Aunque la organización criminal ha sido desmantelada, las autoridades continúan investigando posibles víctimas afectadas por estos tratamientos ilegales, algunos con graves secuelas.
