La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha visitado la Comandancia de Algeciras para conocer de primera mano la situación operativa de los agentes desplegados en la comarca del Campo de Gibraltar. En la reunión con los mandos se han abordado temas clave como el refuerzo de recursos, la seguridad en el Puerto de Algeciras y la lucha contra el narcotráfico.
Evaluación de los operativos en el Puerto de Algeciras
Tras la reunión, González se ha trasladado al Puerto de Algeciras, el principal puerto en tránsito de mercancías de España y del Mediterráneo. Allí ha visitado las obras del nuevo muelle de atraque de la Guardia Civil en la dársena ‘El Saladillo’, que entrará en funcionamiento este año y permitirá mejorar la operatividad del Servicio Marítimo Provincial.
También ha supervisado el Sistema Integrado de Vigilancia del Exterior (SIVE), fundamental para la detección y seguimiento de embarcaciones sospechosas en aguas del Estrecho. Además, ha recorrido el Centro Regional de Vigilancia Marítima del Estrecho, donde se coordina la actuación de los medios de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico ilegal.
Impacto del narcotráfico y operativos recientes
Durante la visita, se ha destacado la magnitud del tráfico de drogas en la zona. Solo en 2024, en el Puerto de Algeciras se han incautado más de 20 toneladas de hachís, más de seis toneladas de cocaína y más de 100 kilogramos de droga oculta en el interior de personas. Estas cifras reflejan la presión constante que ejercen las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico en una de las rutas más activas de Europa.
Investigación sobre construcciones ilegales en espacios protegidos
En el marco de su visita, González ha sido informada sobre la última operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que ha investigado a 155 personas por la construcción ilegal de 103 edificaciones en suelos protegidos en los municipios de San Roque, Los Barrios y Tarifa.
Entre las edificaciones detectadas, 46 se encuentran en zonas de especial protección medioambiental dentro del Parque Natural, mientras que otras 23 están en el Dominio Público Hidráulico de los ríos Palmones y Guadarranque, zonas de alto riesgo de inundación. Muchas de estas construcciones son utilizadas como segundas residencias, destacando la proliferación de casas prefabricadas tipo “mobile homes”.
Los núcleos de población ilegales creados por estas edificaciones carecen de servicios básicos, lo que genera problemas en la gestión de residuos y accesos. Además, su falta de contribución tributaria afecta negativamente a los propietarios de viviendas legalmente establecidas, perjudicando la calidad de vida de la comunidad.
