La Guardia Civil de Cangas ha denunciado a un residente de Marín por diversas infracciones a la Ley de Bienestar Animal tras una inspección en su vivienda que evidenció condiciones deplorables para varios perros a su cargo.
El aviso inicial alertó a los agentes del Seprona sobre la situación de los animales en el hogar del denunciado. Con el fin de comprobar la veracidad de la información, se realizó una inspección el pasado 29 de septiembre. Durante esta revisión, el propietario, un hombre mayor que vive solo, mostró a los agentes el estado de los canes.
Los informes de la inspección revelaron que uno de los perros, un podenco, estaba atado a un poste con una cuerda, careciendo de espacio y con condiciones higiénicas muy deficientes. Además, el animal no contaba con el microchip identificativo ni con la cartilla sanitaria correspondiente. Un segundo perro, también encadenado, sufría una lesión en el cuello debido a su limitada movilidad, pues estaba atado con una cadena metálica muy corta a una cabaña de madera. El propietario justificó esta situación argumentando que era para evitar la entrada de zorros en su finca.
Por otro lado, el tercer perro estaba atado en una de las entradas de la vivienda, amarrado a lo que aparentaba ser una caseta de madera, pero sin protección ante las inclemencias del tiempo. Este animal presentaba un color azul, presumiblemente debido al uso de un spray insecticida, además de mostrar signos de nerviosismo y falta de movilidad.
A raíz de estas condiciones, se han formulado varias denuncias contra el propietario, que incluyen:
- Falta de identificación de los animales, al no tener su microchip correspondiente.
- Mantenimiento de los perros sin movilidad o actividad física y expuestos a condiciones meteorológicas adversas.
- Producción de lesiones en uno de los perros debido a su modo de estar encadenado.
Estas acciones se enmarcan en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Los perros han sido recogidos por la protectora CAAN, que se encargará de su bienestar y del tratamiento veterinario necesario.
El denunciado podría enfrentarse a sanciones que oscilan entre los 10.000 y 50.000 euros por estas infracciones.
