El 15 de octubre de 2024, la Guardia Civil ha anunciado la recuperación de un friso paleocristiano que había sido expoliado hace más de dos décadas en Gilena, Sevilla. Este relieve, que data del siglo IV d.C. y representa la escena bíblica de «Daniel en el foso de los leones», fue localizado en una galería de arte en Málaga, gracias a la intervención del arqueólogo local que alertó a las autoridades sobre su posible origen ilícito.
La historia del friso comenzó en agosto de 2020, cuando el arqueólogo, tras realizar una investigación sobre el artefacto, notificó a la Guardia Civil que el fragmento en cuestión había sido extraído de una tumba en Gilena durante trabajos agrícolas. A partir de ahí, se inició la Operación Sátrapas, que llevó a la intervención cautelar del friso en la galería malagueña, donde se encontraba en exposición.
El propietario de la galería afirmó haber adquirido el relieve de manera legal en 2014, procedente de un anticuario en Barcelona. Sin embargo, la documentación presentada era vaga y no pudo acreditar su origen específico. Tras la intervención, el relieve fue trasladado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), donde se realizó un exhaustivo informe pericial que confirmó su autenticidad y valor histórico. El estudio reveló que el material del que estaba hecho el friso era local, lo que indica que fue producido en la región de Bética.
Curiosamente, dos meses antes de la recuperación, el Ministerio de Cultura había denegado la exportación del fragmento tras la evaluación del Museo Arqueológico Nacional, que determinó que la obra era de gran importancia para el patrimonio histórico de la región.
La Guardia Civil subraya la relevancia de la colaboración entre distintas instituciones para prevenir el expolio de patrimonio cultural. La recuperación del friso resalta los desafíos que enfrentan las autoridades al intentar rastrear la verdadera procedencia de objetos arqueológicos que suelen aparecer en el mercado legal del arte sin la documentación adecuada. Esto incluye casos donde objetos de dudosa legalidad se presentan como pertenecientes a antiguas colecciones, complicando su legítima verificación.
Además, la legislación obliga a los comerciantes de arte a registrar los bienes en sus libros de policía y a cumplir con normativas que previenen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas medidas son esenciales para evitar que el patrimonio cultural, tanto nacional como internacional, caiga en manos del expolio.
La operación fue llevada a cabo por la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) y estuvo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estepa.
