Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado “la altísima deuda acumulada de las Administraciones Públicas (central, comunidades y ayuntamientos), que deberían un total de más 110.000 millones de euros a sus proveedores, según destaca la PMcM en base a datos del Banco de España relativos al último trimestre de 2021.
Según la metodología estadística del Banco de España y de la Unión Europea, en este cálculo se hace referencia a las “obligaciones pendientes de pago” consolidadas, es decir, se excluyen las deudas pendientes de las administraciones públicas con otras AA.PP., contemplándose la deuda de las CCAA y de las Corporaciones Locales con el Estado por las liquidaciones definitivas de la participación en impuestos. Se trata de una aproximación a los créditos comerciales que además de estos también incluye otras rúbricas, como ajustes de Contabilidad Nacional y discrepancias estadísticas. O lo que es lo mimo, el valor de los derechos financieros derivados de los desfases temporales entre el momento en el que tienen lugar las operaciones, y el de los correspondientes pagos.
La cifra de los más de 110.000 millones de euros es la más elevada de toda la serie histórica desde 2003, suponiendo un crecimiento del 28% con respecto al trimestre anterior. Ahora que se cumplen 10 años del Plan de Pago a Proveedores, conviene recordar que en aquel momento esta cifra ascendía a 91.313 millones de euros.
“El panorama es desolador a todos los niveles”, alerta Cañete. Según las estadísticas publicadas por el Banco de España sobre el balance financiero de entidades no financieras a cierre de 2021, en nuestro país el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de las sociedades no financieras asciende a 455.664 millones de euros frente a los 344.083 de 2014. “Dicho importe incluye facturas dentro y fuera del plazo legal, pero imaginamos que este incremento va aparejado con el aumento de la mora, ya que no se ajusta a la evolución del PIB”, aclara.
Vencer la morosidad a golpe de acciones decisivas
En opinión del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “ya es más importante el incumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas que lo que viene por los fondos Next Generation, y en breve se sumará la finalización de los Crédito ICO y de la moratoria concursal”.
“Se están tomando medidas, pero no son suficientes. Ya explicamos que el Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos lanzado en 2022 llegará solo a unos pocos, y en la tramitación de la Ley Crea y Crece deberían realizarse cambios para hacerla eficaz y eficiente. Hay que vencer la morosidad a golpe de acciones decisivas, como con un régimen sancionador que multe a las empresas morosas, o que las administraciones públicas comprueben que dentro de su cadena de pagos se cumpla la legislación contra la morosidad”, explica.
También habría que “aprovechar y seguir impulsando la digitalización, que juega a nuestro favor en materia de lucha contra la morosidad, por ejemplo, la facturación electrónica”.
