La Policía Nacional detiene a un hombre en Gijón por cohecho internacional y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha arrestado en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional, blanqueo de capitales y falsedad documental, en una operación que ha llevado al embargo de inmuebles y activos financieros valorados en más de seis millones de euros

La Policía Nacional detiene a un hombre en Gijón por cohecho internacional y blanqueo de capitales

En una operación conjunta coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional, agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional. El detenido está presuntamente implicado en delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Durante la operación, que contó con el apoyo de especialistas de EUROPOL a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC), se realizaron dos entradas y registros en los que se intervino 30.000€ en efectivo, se embargaron cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y se incautaron 21 activos financieros con un saldo superior a los dos millones de euros.

La investigación comenzó tras descubrirse presuntos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial. Estos pagos estarían vinculados a un acuerdo entre la empresa del detenido y el gobierno ecuatoguineano para desarrollar una planta de transformación de productos pesqueros. Aunque la empresa en cuestión, de la cual el detenido es administrador único, apenas había registrado actividad desde su constitución hasta 2020, entre 2020 y 2022 recibió dos transferencias por un total de más de cuatro millones y medio de euros. Estos ingresos estarían directamente relacionados con el contrato firmado en enero de 2019 con altos funcionarios de Guinea Ecuatorial.

Los investigadores descubrieron que la empresa no había realizado proyectos similares desde su creación, y aunque el contrato estipulaba un plazo máximo de ejecución de dos años, no fue hasta 2024, tras una inspección de Hacienda, que comenzó a mostrar alguna actividad operativa. Estas irregularidades llevaron a la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional, la cual resultó en las recientes detenciones y confiscaciones en Gijón.

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